Intervención desaconseja económica y socialmente la gestión directa del TUP

Ponferrada

La Ley de Bases de Régimen Local impide a Ponferrada, por el Plan de ajuste, municipalizar el servicio del transporte público urbano, del TUP. Pero además tampoco es recomendable la gestión directa, ni desde el punto de vista económico ni de garantía de puestos de trabajo. Así se refleja en los informes emitidos por Intervención y por los técnicos de personal que hoy se han entregado en comisión y que se llevarán al pleno monográfico del viernes solicitado por la oposición.

En el estudio financiero realizado se contabiliza que la gestión directa supondría un incremento del gasto de 407 mil euros al año, frente a los 300.000 de ahorro de los que habla el PSOE y el PeC. A esa cifra, además, habría que sumarle la inversión que requieren los vehículos, el mantenimiento, o, entre otras obligaciones, el garaje donde aparcarlos por las noches.

Pero no sólo eso, sino que además, subrogar a la plantilla 29 empleados, supondría que tendrían que validar su puesto mediante oposición, algo que quizás les dejase en la calle y sin posibilidades de indemnización.

El concejal de movilidad, Ricardo Miranda, ha buscado también la comparativa con las dos únicas ciudades españolas, Santander y Burgos, que tienen gestión directa del transporte urbano. En la tabla se refleja que el coste por habitante es mucho mayor en los dos casos, como también lo es el déficit por habitante. El total del coste del servicio en Ponferrada es de casi 2,5 millones de euros, mientras que en Burgos es casi de 16,2 millones de euros y en Santander superó en 2015 los 19 millones de euros. Las proporciones están por encima de la que se corresponde con el nivel de población.

Así las cosas, Miranda opta por sacar de una vez el pliego de condiciones para sacar a concurso el servicio. Es más considera que con estos datos es muy difícil votar en el pleno que sí a la recuperación de la gestión del servicio que está en manos de Aupsa-Begar con una prórroga de contrato.

Si la corporación votase a favor, en todo caso habría que esperar a los presupuestos para poder incluir la modificación de la financiación del servicio  y alargar más en el tiempo la resolución de un conflicto que dura ya cuatro años.