Los detalles de la querella de Convergència y Trias contra Interior
Los demandados serán el ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, y el exjefe de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, por las grabaciones en las que se les escucha maniobrar para buscar pruebas contra líderes independentistas
Los querellantes creen que han podido cometer tres delitos: violación de secretos, prevaricación y malversación de fondos públicos
Barcelona
Lo contó Françesc Homs hace unos días en la SER, y este miércoles se lo anunciaba a Mariano Rajoy: "Vamos a presentar una querella criminal contra el ministro del Interior", anunciaba en el Congreso en pleno debate de investidura. "Rajoy no escapará de dar explicaciones por la actuación de su ministro del Interior, que no sólo intentó utilizar los poderes del Estado para conseguir, a quienes pensamos de forma distinta, perseguirlos, sino que parece que ustedes han utilizado la extorsión y la amenaza sus objetivos", sentenciaba.
Este jueves la querella va a ser un hecho. Convergència denunciará a los protagonistas de la famosa grabación en que el ministro Jorge Fernández Díaz y el entonces director de la Oficina Antifraude de Cataluña Daniel de Alfonso, hablaban de qué pruebas tenían contra políticos convergentes y también de Esquerra. La querella la firma Convergència como partido y el exalcalde de Barcelona Xavier Trias, después que tuviera que probar que no tenía una cuenta en Suiza al publicarse en algun medio de comunicación.
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Cuarenta páginas de querella en la que se adjunta la transcripción de estas conversaciones, que se produjeron poco antes de la consulta del 9-N. Se les acusa de tres presuntos delitos: revelación de secretos, prevaricación y malversación de dinero público. Y se pide la declaración también del jefe de gabinete del ministro.
Y aunque no se incluye en la querella, también ha influido a que se presente la declaración de uno de los propietarios de la Banca Privada de Andorra, Higini Cierco, que delante de una jueza andorrana aseguró que recibió coacciones de altos cargos del Ministerio del Interior y de la Policía para que delatara a Jordi Pujol y les facilitara los datos de la cuenta que tenía el expresidente en ese banco.