El juez condena a Isaac Valencia a dos años de prisión y ordena el derribo de parte de El Trompo

Santa Cruz de Tenerife

El Juzgado Número 5 de Santa Cruz de Tenerife ha considerado culpables de los delitos de prevaricación urbanística y contra la ordenación del territorio al ex alcalde de La Orotava, Isaac Valencia, al empresario Ambrosio Jiménez y al que fuera secretario del Ayuntamiento, Juan Carlos Tomás Martí. En la sentencia, de más de ochenta folios de extensión, se considera probado que los condenados construyeron y permitieron la construcción de un centro comercial sin tener las licencias necesarias para ello. El juez condena a Isaac Valencia a la pena de un año por el delito de prevaricación urbanística y por otro lado un año de prisión por un delito contra la ordenación del territorio. De la misma forma, el secretario municipal ha sido condenado a dos años por los mismos delitos y además un total de 8 años de inhabilitación de cargo público. Por último, para el constructor, Ambrosio Jiménez, la condena es de cinco meses por un delito contra la ordenación del territorio y el mismo tiempo de prohibición de desempeñar cualquier oficio relacionado con la construcción. Por otra parte, se condena a los tres acusados a sufragar el derribo de 2.137 metros cuadrados del centro comercial El Trompo.

En la sentencia, contra la que cabe recurso, se considera probado que loa acusados conocían que el edificio se construía en suelo rústico potencialmente productivo en el Plan General vigente. En el caso de Ambrosio Jiménez, el juez indica que el constructor "era conocedor de que El Trompo se llevaba a cabo sobre suelo rústico y sobre zonas verdes, esto es, sobre terreno en el que no se podía llevar a cabo una edificación de esa naturaleza. Pese a ello, y pese a conocer que conforme al Plan General de Ordenación Urbana vigente nunca se podría autorizar allí una construcción de esas características, decidió llevarlas a cabo". De la misma forma, en la sentencia se considera probado que tanto Valencia como Martí, conocían que las obras eran ilegales. En el caso del exalcalde se indica que tuvo conocimiento del contenido del expediente administrativo sobre las obras del edificio, "de la falta de los trámites esenciales de las mismas, y aun así, decidió firmar el Decreto de legalización de unas obras claramente ilegales. Con su firma, permitió la construcción sobre un terreno en el que no se podía construir".