Anticorrupción pide 6 años de cárcel para Griñán y 10 de inhabilitación para Chaves
El fiscal pide que los 18 acusados de supuesta malversación devuelvan a la Hacienda pública 741 millones, que sería el supuesto fraude cometido entre 2000 y 2010
Sevilla
La Fiscalía Anticorrupción solicita seis años de cárcel por el caso de los ERE para el expresidente de la Junta José Antonio Griñán por un supuesto delito continuado de malversación; y 10 de inhabilitación para el expresidente Manuel Chaves por un supuesto delito de prevaricación administrativa continuada. Para Griñán también pide 30 años de inhabilitación por prevaricación.
La cantidad supuestamente defraudada a la Hacienda andaluza con el sistema de concesión de ayudas supera los 741 millones de euros, que es la cantidad que, según el fiscal, deben devolver de forma solidaria los 18 acusados por malversación.
Más información
Para los exconsejeros Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez Anticorrupción solicita 10 años de inhabilitación por prevaricación. El exconsejero de empleo José Antonio Viera tendrá que enfrentarse a ocho años de prisión por supuesta malversación de caudales públicos y prevaricación. Lo mismo que los exconsejeros Francisco Vallejo y Antonio Fernández y el exdirector de Trabajo, Javier Guerrero. Para la exconsejera Carmen Martínez Aguayo el fiscal pide una pena de seis años, al igual que para el exinterventor de la Junta Manuel Gómez.
El expresidente Griñán también debe reintegrar a las arcas andaluzas solidariamente junto a otros acusados más de 483 millones de euros. Una cantidad que se reducirá teniendo en cuenta las cantidades que hayan sido recuperadas por la Junta de Andalucía en los procedimientos administrativos que haya iniciado. Por ello, el fiscal quiere que se requiera a la Junta para que certifique el total de los importes recuperados "ejercicio a ejercicio".
La Fiscalía, como el juez instructor Álvaro Martín, entiende que han cometido supuesta malversación todos los políticos que a partir de 2005 recibieron los informes de la Intervención General de la Junta y otros, donde se advertía de las supuestas irregularidades en el procedimiento que usaba la Junta para pagar subvenciones a empresas en crisis o para prejubilar a sus trabajadores.
Entre el año 2000 y 2011 todos participaron supuestamente en la creación, gestión o concesión de ayudas a empresas a través de la partida presupuestaria 31L, que se incluía en los presupuestos de la Junta que aprobaba el Parlamento. Una fórmula que consistía en transferir dinero de la Consejería de Empleo a la Agencia Pública IDEA, que era la que pagaba el dinero.
Ayudas al margen de la Ley de Subvenciones y de la Ley General de la Hacienda Pública
Anticorrupción entiende que eran ayudas dadas al margen de la Ley de Subvenciones y de la Ley General de la Hacienda Pública. En muchos casos no existe ni solicitud por parte del beneficiario ni resolución de concesión por parte de la administración. Fueron ayudas arbitrarias, según la Fiscalía, con las que se prejubilaron 120.800 trabajadores en Andalucía entre 2001 y 2011 cuando en la comunidad había 444.700 parados de más de 55 años que podrían haberse beneficiado de alguna prejubilación.
De esta forma, añade la Fiscalía, se privó "a la generalidad de los potenciales beneficiarios el acceso" a las ayudas "por falta de publicidad" y se facilitó "que personas que ni siquiera pertenecían a las empresas accedieran" a ellas, los conocidos como intrusos.
Tampoco se fijaban "límites a la cantidad a percibir por los beneficiarios, favoreciendo solo a determinadas empresas y personas que se lucraron con dichos fondos y destinando los mismos a una finalidad ajena a la prevista de atender a situaciones de crisis empresarial, abonando campañas de publicidad, cursos de formación de voluntariado, etc".
Los acusados, según Anticorrupción, "buscaron no tener límites tampoco en los créditos presupuestarios para atender a estas ayudas, que se concedieron sin sujeción a procedimiento".
La Fiscalía también destaca en su escrito que la Junta ha abonado más de 66 millones de euros a las tramitadoras de las pólizas de seguros de los prejubilados, porque se pagó por encima de los precios de mercados "en gastos de gestión externa o en comisiones a entidades mediadoras".
