El juez no ha abierto aún juicio oral contra Jaime González Cejas

Santa Cruz de Tenerife

La maraña judicial en la que está inmerso el alcalde Granadilla de Abona, Jaime González Cejas comienza en 2006, a raíz de varias denuncias realizadas por Coalición Canaria y Sí se puede. Son varios los hechos denunciados y que han sido admitidos a trámite y que, dada su complejidad, en virtud de un Auto de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, se han dividido en cinco piezas separadas. Todos los presuntos delitos que se le imputan sucedieron durante su primera etapa en la Alcaldía entre 2003 y 2007. La presentación de la moción de censura en el Ayuntamiento granadillero se ha producido casi de forma simultánea a los cincos autos judiciales dictados en las primeras semanas de septiembre, en relación a varios casos de presunta corrupción cometida por Cejas. Sin embargo, no se ha dictaminado la apertura juicio oral, sino que se establecen los hechos y cargos dentro de los procedimientos abreviados, habituales en estos casos. Un extremo que ha sido confirmado en la SER por el presidente de la Gestora del PSC en Tenerife, Héctor Gómez. “En ningún momento se ha hablado de juicio oral y no es cierto que esto suceda en un plazo de diez días. No se va a desvirtuar la realidad por este tipo de informaciones que pretenden condicionar el dibujo que hay en Granadilla de Abona”, señaló Gómez. 

Caso 'Costa Atlántica'

Los hechos se remontan a 2006 y consisten en la concesión de licencias solicitadas por la entidad Inversiones Atlántica S.L (empresa vinculada con el teniente de alcalde, Fidel Rodríguez) para la construcción de tres edificios: dos de doce viviendas, uno de 23 viviendas y otro de 18 viviendas y un edifico de 12 viviendas a pesar de los reparos formulados por los técnicos municipales. En este punto, Jaime González Cejas, en su condición de alcalde, votó a favor de dicha concesión, por lo que se le imputan dos delitos de prevaricación. De la misma forma, están imputados los concejales del grupo de gobierno Nicolás Jorge y Ana Esther Flores, también por cuatro delitos de prevaricación. En total, se les ha requerido una fianza de 3,8 millones de euros.

'Caso Médano Park'

Se trata de la segunda pieza relativa a la concesión de licencias de forma irregular a la entidad Vimédano S.L. Según obra en el auto judicial, Jaime González Cejas, quien además de alcalde era concejal de Urbanismo, era propietario de 440 acciones de la entidad Médano Beach Sur S.A, con un valor de 13,22 euros; Estas acciones fueron vendidas a la entidad Vimédano S.L. por 220.000 euros en agosto de 2006, es decir más de 50 veces su valor inicial. Posteriormente, a pesar de los informes desfavorables de los técnicos municipales, se autorizó a la empresa Vimédano a la construcción de 118 viviendas tras haberse aprobado el Plan parcial Médano Beach, por lo que la Fiscalía considera que hubo un intento de enriquecer o favorecer a la citada entidad a la hora de la concesión de las licencias y de la aprobación del plan urbanístico. Por estos hechos se le imputa a Jaime González Cejas un delito de prevaricación y cuatro delitos de tráfico de influencias junto a otros diez acusados. La fianza que se les requiere asciende a más de 12 millones de euros.

'Casos TDT y Placas fotovoltaicas'

De las dos piezas restantes, sólo en una se imputa al alcalde socialista de Granadilla de Abona. Se trata de la relativa a la concesión de forma irregular de una licencia para la instalación de 130 placas fotovoltaicas en el Instituto de Energías Renovables (ITER) en marzo de 2006. Según se señala en el Auto, Jaime González Cejas adquirió otras 70 plazas fotovoltaicas "ilícitamente concedidas al ITER, para cuya compra Cejas solicitó un préstamo de medio millones de euros por lo que se le imputa al alcalde la comisión de un presunto delito de tráfico de influencias. A Cejas se le pide una fianza de 455.000 euros. En cuanto a la pieza restante, sólo esta investigado al concejal socialista, Nicolás Jorge, a quien se le acusa de un presunto delito de malversación y prevaricación por la instalación de las infraestructuras necesarias para la implantación de la TDT en la localidad sin cumplir con la legislación.