Apertura del año judicial

Mejoras materiales en pausa por la falta de gobierno estatal, juzgados con colapso y el expediente judicial electrónico como gran reto. Así se abre el año judicial en Aragón, sobre el que ha hablado en La Rebotica el decano de los jueces zaragozanos

Apertura año judicial

Radio Zaragoza23/09/2016 - 08:43 UTC

Zaragoza

Más de 100 juzgados están pendientes de creación en todo el país a causa del parón que supone la falta de un nuevo gobierno estatal. " En Zaragoza se necesitan 5 ó 6 nuevos jueces para reforzar incapacidades, familia, mercantil y penal", explicaba Ángel Dolado "un desarrollo que estaba ya presupuestado", añadía.

Acto apertura año judicial / Lorena Ruano

corrupción e implicacion de poderes publicos

Este ha sido una vez más uno de los pilares fundamentales del discurso del presidente del TSJA en la apertura de año judicial. Manuel Bellido exigía una regeneración de la gestión pública y señalaba que es el gobierno de Aragón quien ha de proporcionar los medios humanos y materiales para el correcto funcionamiento del sistema judicial. Además, pedía al gobierno de España que acometiese las reformas legislativas necesarias, puesto que sólo así se resaturará la confianza ciudadana en las instituciones.

No solo faltan funcionarios de justicia. También son necesarios en materia de informática. "Desde el 7 de julio hay que dar pasos en una materia esencial como es el expediente judicial electrónico. Y a partir del 1 de enero las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado tienen que integrar todo en red en los juzgados.", explicaba el decano de los Jueces zaragozanos.

Algo que se suma a una situación ya complicada en diversas instancias: la justicia civil ordinaria, desbordada por las cláusulas suelo o las preferentes; los juzgados de lo mercantil, por los concursos de acreedores; los de familia, por la custodia compartida. Y a eso se añaden "las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre las indemnizaciones a los trabajadores interinos, que pueden afectar a dos jurisdicciones. Si solo afecta a funcionarios iríamos al contencioso administrativo, pero si es un asunto laboral iríamos a los juzgados de lo social. ", argumentaba Angel Dolado