El administrador de Calviga SL declara que desconocía a los propietarios

Castellón

El administrador único de la mercantil Calviga SL, Juan Alberto Oller Sanz, ha declarado esta mañana en calidad de investigado ante el juez que instruye la nueva causa contra el ex vicepresidente de la Diputación de Castellón del Partido Popular y ex alcalde de Vall d'Alba, Francisco Martínez.

Según fuentes judiciales, Oller ha afirmado ante el juez que a pesar de ser administrador único de la empresa, desconocía quienes eran los propietarios de la mercantil, entre ellos Luis Batalla. Oller ha respondido únicamente a las preguntas del Ministerio Fiscal con afirmaciones como “no lo recuerdo” o “lo desconozco”, y a las preguntas de su abogado. El investigado se ha negado a responder a las preguntas del abogado de la acusación.

Según el Registro Mercantil, Juan Alberto Oller ha ocupado hasta 115 cargos directivos en 72 empresas distintas, entre ellas, Benicàssim Golf, Lubasa, diferentes urbanizadoras de la provincia o Consesiones Aeroportuarias SA, la empresa concesionaria del aeropuerto de castellón y la encargada de realizar las obras.

En este caso se investigan presuntos delitos de tráfico de influencias, fraude y exacciones ilegales y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos por la compra-venta de terrenos en Vall d'Alba. Terrenos rústicos, que al parecer adquirían sociedades vinculadas al ex vicepresidente de la Diputación de Castellón, para después recalificarlos, aprovechando la calidad de alcalde de Francisco Martínez, y en esos lugares se anunciaban proyectos urbanísticos. Proyectos como el PAI Pla de l'ARC o el PAI Mas de Lluna, donde estaba previsto que se construyera, prácticamente un pueblo nuevo que incluía 2.000 viviendas, hoteles y un campo de golf.

Esta es una de las operaciones por las que Fiscalía, investiga de nuevo al que fuera mano derecha de Carlos Fabra, a Martínez, quien al parecer, trató de beneficiarse por su condición de alcalde de la información privilegiada que tenía en su poder, por lo que presuntamente conocía que el lugar en el que adquiría terrenos a bajo coste iba a convertirse en el PAI Más de Lluna, aprobado por el pleno del Ayuntamiento y ratificado por la Generalitat en 2012. La adjudicación de las obras fue para la mercantil Calviga.

Según ha podido saber Radio Castellón Cadena SER, a través de fuentes del caso, está causa es más grave que la de la depuradora de Borriol, por la que Martínez fue condenado a 8 meses de cárcel.