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Las activistas proaborto lanzan una última propuesta de acuerdo al Obispado

Quieren que la Iglesia reconozca el malestar sufrido por las activistas y sus familias

Cadena SER

Palma de Mallorca

Las activistas han lanzado una última propuesta de acuerdo para intentar evitar el proceso. La jóvenes se comprometen a reconocer el malestar que sufrieron los feligreses de San Miquel pero exigen que la Iglesia de Mallorca también condene el malestar que sufrieron las detenidas y sus familias.

En un documento enviado al Obispado, que a última hora de la tarde no había recibido respuesta, las jóvenes dejan claro que los hechos se produjeron en un contexto de protestas contra la Ley del Aborto que impulsaba el Gobierno de entonces y que se trató de una situación puntual. Insisten en que su intención fue la de dar visibilidad a una reivindicación política, dentro de la libertad de expresión.

Mañana arranca a partir de las diez en la Audiencia Provincial de Palma el juicio contra las seis jóvenes que irrumpieron en una misa en una iglesia en Palma para protestar contra las políticas antiaborto. La Fiscalía pide un año y medio de cárcel para cada activista por delitos contra la libertad de sentimientos religiosos, mientras que el Obispado de Mallorca que ejerce la acusación particular pide cuatro años para cada uno, a la espera de intentar alcanzar un acuerdo de última hora.

Los hechos se produjeron en febrero de 2014 cuando los seis jóvenes irrumpieron en la Iglesia de Sant Miquel durante una misa, con gritos en favor del aborto y en contra de la legislación que preparaba el Gobierno de entonces. La entrada de los activistas provocó momentos de tensión con algunos de los asistentes a la eucaristía que trataron de expulsar a los jóvenes del templo evitando que los jóvenes accedieran a la zona del altar.

El escrito de la Fiscalía apunta que los feligreses quedaron en un estado de desasosiego, indignación e intranquilidad. Los jóvenes siempre han insistido en que los actos fueron un ejercicio de la libertad de expresión y que no se puede considerar delito denunciar con este tipo de acciones su descontento sobre las leyes que se proyectan. Grupos de apoyo a las encausadas han convocado cocentraciones frente a la Audiencia Provincial de Palma coincidiendo con el arranque del proceso.

 
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