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REFORMA ESTATUTO AUTONOMIA

Reproches entre PP, Compromís, PSOE y Ciudadanos por el estatuto valenciano

La reforma del Estatuto de Autonomía saldrá adelante pero si se convocan nuevas elecciones pasará como hace 6 meses, que decayó al disolverse las Cortes

Kiko Huesca (EFE)

Los portavoces del PP, PSOE, Compromís, Ciudadanos y se enzarzaron en un cruce de reproches a propósito del debate de la toma en consideración de la reforma del Estatuto de la Comunidad Valenciana que prevé que las inversiones del Estado sean equivalentes al peso de la población por un período de siete años.

Es la tercera vez que se debate, por las consecutivas disoluciones de las Cortes en el último año, y como en el resto de las ocasiones, ha contado con el respaldo de todos los intervinientes.

Compromís criticó que esta reforma llegue con 5 años y medio de retraso. Su portavoz en Les Corts, Fran Ferri, denunció que a Rajoy no le importan los problemas de los valencianos. "Pasan los presidentes (ha dicho Ferri) pero la discriminación permanece".

Fran Ferri (Compromios): 'Que se nos deje de tratar a los valencianos como ciudadanos de segunda'

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El diputado del PSPV, Manuel Mata, criticó que en Madrid no se entienda a los valencianos y elogió el estado de las autonomías. Y ha recordado todas las infraestructuras que siguen sin salir adelante en la Comunitat, como el tren de la costa o mejorar la comunicación con Cataluña.

Manuel Mata (PSPV-PSOE): 'No se puede repartir trocitos de Fla a cambio del diezmo de los valencianos'

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Isabel Bonig señaló por su parte que esta reforma fue impulsada por el PP y criticó el modelo de financiación que aprobó el PSOE, que califica de "nefasto y perverso". Para la líder popular en la Comunitat, esto no es una cuestión de reivindicación histórica o de voluntad política, sino una cuestión de justicia para con los valencianos.

Isabel Bonig (PP): 'Los valencianos no venimos aquí a llorar, pedimos los mismos recursos'

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La reforma saldrá adelante, pero en caso de que se convocaran nuevas elecciones, pasará como hace 6 meses, que decayó al disolverse las Cortes.

Intervención de los diputados nacionales

Gerardo Camps, del PP, ha negado que exista un informe que apunte que la corrupción allí haya costado 4.000 millones al erario público como ha dicho Ciudadanos.

Ha ironizado sobre lo que se quejan de que esta iniciativa haya pasado ya tres veces por el pleno en el último año y que sean los mismos que han bloqueado la investidura e impedido que se apruebe esta reforma estatutaria.

Para el portavoz del PP, si la Comunidad Valenciana lidera ahora el crecimiento y la creación de empleo es por las políticas de su partido, y no por el actual Ejecutivo valenciano.

Desde el PSOE, Julián López Milla, ha asegurado que esa autonomía está ahora "renaciendo" después de dos décadas de "despilfarro, prepotencia y abuso" de los gobiernos del PP.

Tiempo durante el que, a su juicio, el PP acudió "dopado" a las elecciones gracias a las comisiones ilegales que percibió el partido por contratos públicos.

En esta misma línea, Ángela Ballester, de Unidos Podemos, ha insistido en que el fuerte endeudamiento que tiene actualmente la comunidad tiene su origen en la corrupción de los gobierno del PP.

Para Joan Baldoví, de Compromís, el retraso en aprobar la reforma ha supuesto que la comunidad dejara de percibir más de 1.679 millones de euros, además de no contar con otros servicios que tienen Madrid y Barcelona, como los contratos-programas, por lo que ha considerado que el PP "ha sido una plaga para los valencianos".

Joan Tardá, de ERC, ha dicho que "después de decenios de ofrecer glorias a España", España paga "con el expolio económico" a la Comunidad Valenciana y ha puesto varios ejemplos de las balanzas fiscales que perjudican a este territorio.

"Y el PP -ha añadido- ha sido el brazo armado de este efecto expoliador", aunque ha recordado que fueron los socialistas los que aprobaron el actual sistema de financiación autonómica.

El portavoz de Ciudadanos, Toni Cantó, ha insistido en que el acuerdo firmado con el PP y su partido tiene medidas que mejoran la gestión de la educación, sanidad y dependencia, aunque ha reconocido que la comunidad recibe una peor financiación para sus servicios.

Ha cifrado en 4.000 millones el "agujero" por corrupción en la comunidad y echado en cara al tripartito actual que no haga nada.

 
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