El juez procesa a seis exaltos cargos de la Junta en otra pieza de los ERE
El exconsejero Antonio Fernández y el exdelegado de Empleo, Antonio Rivas, tendrán que responder por los supuestos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos en las prejubilaciones de Surcolor
EFE
Sevilla
El juez Álvaro Marín da por concluida otra pieza del caso de los ERE, la de la empresa Surcolor, y procesa a 16 personas por los supuestos delitos de prevaricación y malversación. Entre ellos se encuentran el exconsejero de Empleo, Antonio Fernández; el exdelegado de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas; tres exdirectores de Trabajo, Guerrero, Márquez y Rivera; el llamado conseguidor, Juan Lanzas y su supuesto testaferro, Algarín Lamela y también el director comercial de la tramitadora Vitalia, Antonio Albarracín.
Las partes tienen 15 días para acusar y pedir la apertura de juicio oral o para solicitar el sobreseimiento.
En el año 2006 la Junta pagó como ayudas sociolaborales 26 despidos individuales en la empresa Surcolor; dos de ellos eran falsos despidos porque incluyeron a dos intrusos, uno concuñado de Rivas y el otro militante socialista y marido de una concejal del PSOE de Camas.
La administración andaluza gastó en estos despidos individuales 2 millones 674.000 euros. Además pagó al intermediador entre la Junta y los trabajadores, a Juan Lanzas, casi 119.000 euros. Lanzas estaba contratado por el bufete Estudios Jurídicos Villasís, que gestionó el expediente. El letrado, Carlos Leal, cobró también 20.000 euros y, según el juez, sabía que incluía dos intrusos.
Lanzas cobró el dinero a través de un supuesto testaferro que hizo facturas falsas a Surcolor por valor de esos casi 119.000 euros.
Según el magistrado, el sobrecoste de esta ayuda fue de 367.000 euros. La Junta pagó una comisión del 17% a la tramitadora.
El auto explica que la subvención para cofinanciar la póliza de las prejubilaciones no se había notificado previamente a la Comisión Europea, aunque era necesario porque se trataba de una ayuda "de salvamento".
El juez deja fuera del caso a dos exdirectores de finanzas de la agencia IDEA, Juan Francisco Sánchez y José Antonio Diz-Lois porque no consta que supiesen de las irregularidades de las ayudas.
