Condena al Sergas por arriesgar la vida de una mujer al retrasar un aborto
La paciente, que terminó perdiendo el útero, fue derivada a Madrid para la intervención
Concentración de la Plataforma polo Dereito ao Aborto de A Coruña frente al hospital el pasado mes de febrero. / CIG
Santiago de Compostela
El Servizo Galego de Saúde deberá indemnizar con 270.000 euros a una paciente a la que derivó a abortar a Madrid. La contundente sentencia dictada por un juzgado de primera instancia condena al Sergas por arriegar la vida de una gallega en 2012. La denunciante tuvo que desplazarse 500 kilómetros para ser intervenida y terminó perdiendo el útero.
El magistrado del juzgado contencioso-administrativo número 2 de Lugo considera que el Sergas retrasó inncesariamente la interrupción del embarazo hasta la semana 32, cuando 12 semanas antes una ecografía había revelado anomalías en el feto. Dicha malformación grave implicaba retraso mental severo y problemas físicos que podían llegar a ser incompatibles con la vida. El juez Marcos Amboage asegura que los especialistas del Hospital de Burela, donde la mujer fue atendida en un primer momento, "reaccionaron tarde, mal y a rastras". El Sergas alegó respeto a la objeción de conciencia de sus trabajadores, lo que obligó a la mujer a desplazarse hasta una clínica privada en Madrid y posteriormente al Hospital de La Paz, donde perdió el útero.
Francisca Fernández: 'el sistema sabotea la ley y castiga a las mujeres'.
00:32
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
<iframe src="https://cadenaser.com/embed/audio/460/008RD010000000198331/" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
La abogada de la pareja, Francisca Fernández, se muestra satisfecha con la sentencia y asegura que el sistema sanitario "sabotea la ley" de Interrupción Voluntaria del Embarazo y "castiga a las mujeres" por cuestiones "ideológicas". Según la letrada, el Sergas ha intentado tapar los errores de los especialistas y afirma que no es el úni o caso. Antes de acudir a instancias judiciales, ya constaban reclamaciones previas por cuestiones similares. Fernández pone como ejemplo el caso de otra paciente a la que no se informó de los problemas que presentaba el feto. La abogada agradece "el trabajo exhaustivo del juez", que ha tenido en cuenta, además de los propios hechos, todos los factores y consecuencias a nivel físico, psicológico y moral.
El sistema sanitario gallego deberá hacer frente, además, a las costas judiciales.
