La Guardia Civil cree que el PP se financió con los parquímetros de Valdemoro

Madrid

El 24 de mayo de 2011, el Partido Popular retuvo la alcaldía de Valdemoro superando por un concejal el umbral de la mayoría absoluta y encumbrando a José Carlos Boza como sucesor de José Miguel Moreno y Francisco Granados. Ahora la Guardia Civil sospecha que esa campaña que perpetuó quince años de gobierno ‘popular’ en la localidad fue financiada por la trama Púnica para procurarse futuros contratos millonarios.

Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) aportado al sumario explora la confesión del empresario David Marjaliza en torno al contrato que en 2012 licitó este consistorio del sur de Madrid para gestionar el Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) del municipio, y llega a varias conclusiones: el proceso se amañó para que el contrato cayese en manos de una empresa concreta, y también que parte de la comisión que iban a cobrar políticos y empresarios fue adelantada por Marjaliza para sufragar la campaña un año antes.

Después de examinar correos electrónicos y llamadas telefónicas intervenidas durante la investigación, los agentes de la Guardia Civil concluyen que la UTE formada por Seys y Valoriza tuvo acceso a los pliegos del contrato antes de tiempo por intervención tanto de Marjaliza como del propio alcalde, su jefe de gabinete y el jefe del servicio municipal de contratación. Un contrato para gestionar los parquímetros y el servicio de la grúa a veinticinco años vista por un valor total de más de nueve millones de euros.

Según la Guardia Civil, la Púnica siguió su modus operandi habitual: amañar el contrato y repartirse la comisión entre la trama y los políticos implicados. Los agentes dan por buena la confesión de David Marjaliza en junio del año pasado, donde aseguró que el pacto incluía 300.000 euros, pero que “adelantó” una parte: “Habría adelantado en torno a la cantidad de 90.000 o 100.000 euros al Partido Popular de Valdemoro para sufragar los gastos de la campaña electoral para las elecciones municipales”, dice el informe del pasado mes de agosto. Una vez adjudicado este contrato un año después, Marjaliza habría recuperado su inversión para financiar de forma supuestamente ilegal a la formación conservadora y luego ya repartió las comisiones con el ya alcalde Jesús Boza Lechuga.

En las conclusiones de su informe, la UCO apunta al empresario David Marjaliza como autor de delitos de cohecho, tráfico de influencias y fraude; al administrador de la empresa adjudicataria, Jesús del Castillo, de cohecho y fraude; al alcalde José Carlos Boza y su jefe de gabinete Alfredo Ovejero de cohecho, tráfico de influencias y fraude y por último a Juan Luis Aguilera, jefe del servicio de contratación del Ayuntamiento, de negociaciones prohibidas a los funcionarios.

Avala la declaración de Marjaliza

Tras varios días de confesión de David Marjaliza en junio del año pasado en la Audiencia Nacional, la Guardia Civil intenta comprobar si todos los amaños y cobros de comisiones sucedieron tal y como lo relató el imputado, puesto en libertad poco después. En este caso los agentes de la UCO dan por buena su descripción de los hechos y el relato de cómo financió irregularmente la campaña electoral que convirtió en alcalde a José Carlos Boza, sucesor de los también imputados José Miguel Moreno y Francisco Granados.