La UCO acusa de prevaricación a dos concejales del PP de Valdemoro

Madrid

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sospecha que la adjudicación de un bar en Valdemoro en 2014 también estuvo amañada, y pide que sea imputada toda la junta de gobierno que dirigía en ese momento el imputado José Carlos Boza. Entre los concejales ‘populares’ a los que acusa de prevaricación están Josefina Nieto y David Conde, en la actualidad ediles del PP en la localidad en la oposición.

En su informe firmado el pasado mes de junio, la UCO explica que en junio de 2014 el Ayuntamiento de Valdemoro adjudicó la explotación de un bar en el Parque Duque de Ahumada de la localidad, donde también hay un centro municipal de atención a los mayores: según los investigadores, el contrato que adjudicaba el servicio para los próximos 30 años por algo más de medio millón de euros fue para una empresa ligada a David Marjaliza que ni siquiera estaba inscrita en la Seguridad Social.

La Guardia Civil enmarca este movimiento en una estrategia de Marjaliza para sobrevivir al cataclismo económico que atravesaba la construcción en todo el país, creando empresas para poder optar a todo tipo de concursos públicos. La entidad adjudicataria se llama La Vid Servicios Hosteleros y tras deshacer el ovillo de cuatro testaferros termina apareciendo el nombre de David Marjaliza. En junio de ese mismo año el Ministerio de Empleo dejó por escrito que la entidad adjudicataria “no figura inscrita como empresario en el sistema”, no teniendo por tanto trabajadores ni infraestructura para gestionar una cafetería.

Circunstancias que, según la Guardia Civil, no pudieron pasar desapercibidas para el alcalde, el imputado José Carlos Boza, ni para el resto de concejales que formaban parte de la junta de gobierno y que dieron el visto bueno a la contratación de la empresa de Marjaliza: lo aprobaron por unanimidad “pasando por alto la no inscripción en la Seguridad Social” de la empresa, y añade incluso que en llamadas telefónicas intervenidas Marjaliza asegura que el alcalde le ha llamado para decirle que “estaba muy mosqueado, que se le están quejando los abuelos”, en referencia al mal estado de las instalaciones.

A Marjaliza le considera autor de un delito de tráfico de influencias, y a los concejales y la viceinterventora que en ese momento formaban el gobierno municipal de Valdemoro de prevaricación administrativa, sin que pese sobre ellos ninguna imputación por parte del juez instructor ni acusación por parte de la Fiscalía. Entre ellos están dos actuales concejales del PP en la localidad: Josefina Nieto y el portavoz David Conde, siendo éste último el que sustituyó temporalmente a Boza cuando estalló la operación Púnica y fue detenido y encarcelado, permaneciendo en la alcaldía hasta los comicios que dieron el bastón de mando a Ciudadanos, con Guillermo Gross como primer alcalde no ‘popular’ en más de quince años.

En un comunicado, el grupo municipal popular defiende que ninguno de los dos formó parte de la mesa de contratación y que "ninguno de los técnicos municipales indicó la posibilidad de no contratar con el adjudicatario por falta de documentación".

La localidad madrileña de Valdemoro, con más de 70.000 habitantes, tiene tres exalcaldes imputados en el marco de esta investigación: Francisco Granados, José Miguel Moreno Torres y José Carlos Boza Lechuga.