El Gobierno vasco empezará a sacar gas en primavera del pozo de Subijana
El ‘fracking’ se sustituye por técnicas convencionales avanzadas con las que se espera extraer gas para los próximos quince años
Vista de la parcela en Subijana junto al Hotel Ruta de Europa donde se perforará el pozo / GOOGLE MAPS
Vitoria
En ‘Hoy por Hoy Vitoria’ charlamos con Aitor Oregi, director de Energía, Minas y Administración Industrial. Escúchalo aquí.
Hoy por hoy Vitoria 31-10: Entrevista al director de Energía del Gobierno Vasco, Aitor Oregi
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El primer pozo de extracción de gas de Euskadi comenzará a operar en la primavera de 2017 y se realizará con métodos tradicionales. Así lo ha confirmado, en los micrófonos de Cadena Ser Euskadi, el director de Energía, Minas y Administración Industrial, Aitor Oregi. El proyecto para extraer gas está en fase de alegaciones y a falta de la declaración de impacto ambiental, aunque el Gobierno Vasco confía en que los primeros trabajos en este pozo, Armentia 2, que se sitúa en Subijana, cerca de Vitoria, puedan arrancan en la primavera del año que viene.
Se trata del mismo emplazamiento donde del ejecutivo proyectó la extracción de gas a través del ‘fracking’. Descartada la utilización de esta polémica técnica, los trabajos para conseguir gas del subsuelo se van a realizar con técnicas convencionales pero más modernas que las que se utilizaron hace 20 años en la misma ubicación. “No vamos a ver ‘fracking’ y, además, la política va a ser de puertas abiertas; cualquiera que quiera ver los trabajos podrá hacerlo”, confirma Aitor Oregi en los micrófonos de Cadena Ser.
Los trabajos de exploración, para determinar la cantidad de gas que hay en la zona, durarán 180 días. Si se determina la rentabilidad del pozo, la explotación del mismo podría arrancan antes de que acabe el 2017.
El Gobierno Vasco estimó que aplicando la fractura hidráulica en esta zona, se podría autoabastecer a Euskadi durante 60 años; ahora, con las técnicas convencionales, esa cifra se reduce a 15 años.
La inversión prevista es de 27 millones de euros, de los que 12 millones serían asumidos por el Gobierno vasco, a través de la empresa SHESA, y el resto lo costearían sus socios norteamericanos.
