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El Tribunal Superior de Justicia ratifica el cierre de un coto en Medranda por envenenamiento de animales

La Junta de Comunidades le impuso en 2013 una multa de 25.000 euros y el cierre por dos años, sanción que fue recurrida a los tribunales y ahora es ratificada

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha ha ratificado la sanción que la Junta de Comunidades impuso a un coto de caza situado en el término municipal de Medranda por envenenamiento de animales. La sanción fue de 25.000 euros de multa a los responsables del coto y 2 años de suspensión para la caza, según ha informado la organización WWF que se personó en el procedimiento.

La sanción se impuso en el año 2015 tras ser resuelto un expediente abierto en el año 2013 a dos cotos colindantes, uno en Medranda y otro en Castilblanco de Henares, por la aparición en su interior de una veintena de animales envenenados. Además es una zona protegida por la red natura 2.000, el llamado LIC “Valle del río Cañamares”.

Uno de los cadáveres encontrados en este coto era el de un águila perdicera que llevaba incorporado un rastreador en su pata para su seguimiento. La señal emitida por el dispositivo dejó de moverse, lo que infundió sospechas al grupo de rehabilitación de fauna GREFA que fue quien dio la voz de alarma y permitió el hallazgo de este ejemplar muerto. Los Agentes Medioambientales de Castilla la Mancha, con perros especializados, fueron encontrando el resto de animales muertos, la mayoría buitres leonados y aves rapaces. En el coto de al lado, en Castilblanco de Henares, también se encontraron animales envenenados e incluso los cebos en la boca de madrigueras de zorro. Por ello recibió una sanción de 50.000 euros y dos años de suspensión. Este coto de Castilblanco era reincidente, ya había sido objeto de una sanción anterior.

Los cebos y los cadáveres tenían carbofurano, un plaguicida altamente tóxico y cuya comercialización está prohibida en la Unión Europea.

Aunque no se pueda demostrar quién colocó los cebos envenenados, los responsables de los cotos sí están obligados a informar de la aparición de animales muertos y a aplicar las medidas necesarias para impedir esta práctica ilegal, cosa que según el expediente no hicieron.

El recurso a la sanción de Medranda ha llegado al Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha que ha ratificado la multa de 25.000 euros y la suspensión de la actividad del coto durante 2 años.

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