Así funcionaba el urbanismo de Granada bajo el control discrecional de políticos y técnicos

Granada

El sumario del caso Nazarí, que investiga una supuesta trama de corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Granada, relata una supuesta 'organización criminal' para favorecer siempre al mismo grupo de empresarios de la construcción de la ciudad, beneficiándose de ello técnicos y políticos con unas decisiones no siempre ajustadas a la legalidad.

El sumario, que comienzan a desgranar las partes desde el pasado viernes, revela la existencia de una supuesta trama durante una década para amañar procedimientos que siempre beneficiaban al mismo grupo de empresarios.

La investigación de la Policía coloca en la cúspide de la supuesta trama al exalcalde del PP, José Torres Hurtado, a su concejala de Urbanismo, Isabel Nieto, y al responsable técnico del área urbanística, Manuel Lorente. Sus supuestos amaños habrían beneficiado siempre a un determinado número de empresas que siempre tenían tres nombres en común: José Julián Romero, Roberto García Arrabal y Enrique Legerén.

El sumario del caso Nazarí desvela testimonios y documentación que dicen que Isabel Nieto trataba directamente los temas urbanísticos con los empresarios, Mediante correos electrónicos o citas privadas le pedían adaptar los expedientes a sus necesidades. Para ello, se saltaron supuestamente trámites urbanísticos reglados y, cuando un funcionario emitía un informe en contra, se le apartaba o se le amenazaba

Y, supervisándolo todo el entonces alcalde que, sin embargo, en su declaración judicial negó saber nada del asunto y tener las competencias delegadas. Sin embargo los testigos lo sitúan en lo más alto de la trama de la que, incluso, se habría beneficiado, según los informes politiciales aportados al sumario.

La investigación le atribuye numerosas propiedades, entre ellas una casa y seis pisos, que no tendrían justificación en su sueldo de alcalde. Torres Hurtado declaró en el juzgado que era una persona ahorradora, incluso "del puño cerrado" y que transformó patrimonio vendiendo una empresa constituida anteriormente a su dedicación política.

También sobre el patrimonio de los implicados, la investigación desvela que el responsable técnico de Urbanismo, Manuel Lorente, llegó a comprar tres pisos a García Arrabal al contado por unos 700.000 euros.

Las investigaciones, que supusieron incluso seguimientos policiales a los implicados –incluido Torres Hurtado- antes de sus detenciones en abril, estiman que los ocho expedientes urbanísticos investigados en el trama podrían haber supuesto a las arcas públicas un menoscabo económico de unos 20 millones de euros.

En el sumario se recogen ingresos de dinero en bancos suizos por algunos empresarios investigados, operaciones de compraventa de bienes sin suficiente justificación de ingresos; y contactos entre políticos y empresarios para sacar adelante operaciones urbanísticas que se hacen al margen de los procedimientos legalmente establecidos.

En el caso Nazarí, que supuso el relevo del PP en la alcaldía de Granada el pasado mes de mayo, están siendo investigadas 18 personas y 11 empresas. Se investigan delitos como cohecho, fraude, falsedad, estafa, tráfico de influencias y prevaricación. A Torres Hurtado se le atribuyen inicialmente ocho de estos delitos.