El caso Trapur vuelve a la Audiencia

Castro Urdiales

La Fiscalía sostiene que desde el Ayuntamiento, primero la ex concejal de Sanidad, Elisa Dopico, y después el ex concejal de Hacienda y teniente de alcalde José Miguel Rodríguez, fraccionaban los pagos en facturas de menos de 12.000 euros para evitar que otras empresas pudieran optar a esos trabajos.

En la vista oral se determinará, además, si, como mantiene la Fiscalía, el gerente de Trapur sobornó a la edil para conseguir ese contrato entregándole un cheque de 1.000 euros y obtuvo un trato de favor por parte del alcalde y del concejal de Hacienda.

La mayor pena que solicita la Fiscalía es para Elisa Dopico: dos años y un mes de cárcel, 27 años de inhabilitación y el pago de una multa de 203.000 euros por presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación y cohecho.

José Miguel Rodríguez afronta una petición de pena de diez meses de cárcel, inhabilitación durante cinco años y una multa de 200.000 euros, acusado de tráfico de influencias y prevaricación, mientras que para la ex veterinaria municipal la Fiscalía solicita siete años de inhabilitación, por supuesta prevaricación.

En esta causa la Fiscalía no acusaba al ex alcalde Fernando Muguruza, pero sí lo hizo la acusación particular que ejercía el ex interventor del Ayuntamiento de Castro Urdiales Fernando Urruticoechea. Pero como esta acusación particular fue expulsada del procedimiento, Muguruza quedó automáticamente fuera de la causa.

Además, este juicio se ha suspendido en varias ocasiones, la última el pasado mes de febrero, por motivos de Salud de la ex concejala de Sanidad.

No fue ésa la primera vez, ya que en junio del año 2011, a pesar de estar confirmada por la Sección Tercera de la Audiencia de Cantabria, la instrucción tuvo que suspenderse para darle traslado a Elisa Dopico de las actuaciones, trámite del que era responsable la secretaria judicial.