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OPERACIÓN PÚNICA

El juez busca mordidas de Granados en 20 colegios concertados

El magistrado Eloy Velasco pide a la Comunidad de Madrid información sobre 20 colegios concertados al sospechar que el líder de la Púnica, Francisco Granados, cobró comisiones del 3% por cada centro educativo construido

El juez de la Audiencia Nacional que instruye la operación Púnica, Eloy Velasco, ha requerido a la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, la información sobre 20 colegios concertados construidos por cooperativas de esta Comunidad. Se trata de 17 centros educativos edificados en municipios madrileños, y otros tres de Guadalajara, Palma de Mallorca y Cartagena.

El motivo es que los investigadores sospechan que Francisco Granados y su mano derecha, David Marjaliza, cobraron mordidas del 3 por ciento por la construcción de cada uno de esos colegios. Unas comisiones millonarias para el líder de la Púnica que según el juzgado, pudieron esconderse en las cifras de capital social de las escrituras de constitución de esas cooperativas y en las sucesivas ampliaciones de capital.

Francisco Granados, exsecretario general del PP en Madrid y consejero de Presidencia con Esperanza Aguirre, supuestamente utilizaba sus contactos en municipios madrileños y con alcaldes de otras comunidades para que cedieran suelo a bajo precio para la construcción de un colegio concertado.

Después, la promotora Alfedel, en connivencia con la trama y en concreto con el conseguidor Marjaliza, vendía a las cooperativas el centro educativo. Con posterioridad tenía lugar el pago de las comisiones de éxito del 3% a los líderes de la organización, supuestamente camufladas en las escrituras de constitución y en ampliaciones de capital, meras “maniobras para ocultar las mordidas” según los investigadores.

Hacienda investigará nuevas comisiones a Granados

El juez Eloy Velasco también ha pedido a la Agencia Tributaria que aporte la declaración de operaciones con terceros de la empresa Tuvalu Gestión, constituida por los empresarios David Marjaliza y Ramiro Cid, socios de Granados, porque sospecha que los empresarios emplearon esa sociedad entre los años 2003 y 2009 para canalizar los pagos al exnúmero dos de Aguirre por favorecer sus intereses en adjudicaciones públicas amañadas.

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