Tres detenidos por pagar a jornaleros citrícolas menos de 10 euros al día

Valencia

La colaboración entre las distintas Administraciones Públicas ha permitido detener a tres miembros de un presunto grupo criminal que empleaba a magrebís y centroafricanos para la recogida de naranjas.

En la operación también ha resultado investigada una persona por formar parte de este grupo que tenía una cierta estructura en el pago, contratación y transporte de personas para la recolección de cítricos.

“Esta operación es fruto del Plan Conjunto de Inspección de Almacenes que se acordó en abril pasado entre todas las Administraciones. Se trata de la primera operación y van a seguir más porque la protección a los agricultores y la lucha contra el empleo irregular es una prioridad”, ha señalado el delegado de Gobierno, Juan Carlos Moragues.

En la inspección ha participado la Guardia Civil, la Policía Autonómica, las Policías Locales de Picassent y Náquera, la Inspección Provincial de Empleo y Seguridad Social, e Inspectores de las Consellerías de Sanidad Universal y Salud Pública, Medio Ambiente y Agricultura, y Consumo y Economía Comercio y Empleo, coordinados todos por la Delegación del Gobierno y la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, dirigida por José María Ángel.

Las tres personas detenidas y la cuarta investigada utilizaban a trabajadores sin contrato laboral, sin alta en la seguridad Social, para la recogida de naranja.

La mayoría eran de procedencia magrebí y centro-africana y recibían entre 6 y 10 euros como máximo por día de trabajo y sin las debidas condiciones laborales. Los detenidos se aprovechaban de su necesidad para subsistir y enviar dinero a sus países de origen. 

Asimismo, alguno de los trabajadores, tenía heridas en las manos al no haber sido dotado del adecuado material para la recolección.

Los inspectores anteriormente mencionados, concretamente de sanidad, agricultura y trabajo, detectaron múltiples deficiencias e irregularidades en dos almacenes de los términos de Picassent y de Náquera.

Esta operación conjunta, policial y administrativa, supone la primera de una serie de intervenciones que se pondrán en marcha en todos y cada uno de los almacenes o centros de distribución de productos hortofrutícolas, en los que se detecte algún tipo de irregularidad. Por ello, además de los atestados policiales, también se han tramitado los correspondientes expedientes administrativos.

Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad vienen desarrollando diversas actuaciones en prevención de robos y hurtos en el campo, que comprenden, además de investigaciones, la propia labor preventiva de las patrullas, controles de localización de los productos, identificaciones de personas y/o vehículos, etc.

Las irregularidades detectadas dan lugar a expedientes administrativos y, en su caso, a presuntos delitos que generan las correspondientes diligencias (en ocasiones con detenciones y personas investigadas) para su posterior remisión a la Autoridad Judicial.