Molina alegó "no tener vacaciones" para no declarar ante el juez como investigado en el caso 'Sufi'

Toledo

El exalcalde de Toledo y hoy canciller en la República Democrática del Congo, José Manuel Molina (PP), no ha logrado eludir la fecha en la que tendrá que venir a declarar a Toledo como investigado por un posible delito de prevaricación tras la adjudicación del servicio de limpieza municipal a la empresa SUFI en 2007.

Es la pieza separada del caso Bárcenas que investiga el juzgado de instrucción número tres de la capital, cuyo titular ha desestimado las alegaciones presentadas por Molina.

Y lo que alegaba, según fuentes cercanas al caso, era que no podría prestar declaración el 22 de febrero porque no tiene autorizadas vacaciones.

Aporta un certificado de la embajada de España en Kinsasa en el que se indica que no tiene autorizadas vacaciones para el mes de febrero y que dependerá de la evolución de la situación política y social en esas fechas en la República Democrática del Congo.

Fuentes judiciales explican que el juez Florencio Rodríguez ha desestimado las explicaciones de Jose Manuel Molina porque "no acredita realmente que tenga que estar trabajando en esa fecha".

La citación judicial se extiende además -recordamos- a seis concejales del equipo de Gobierno que aprobó la adjudicación y que han sido imputados en la instrucción

Así el 22 de febrero del próximo año tendrán que acudir al juzgado también el exconcejal de Hacienda del Consistorio toledano, Lamberto García Pineda, y el exconcejal Fernando Sanz Domínguez.

Por su parte, los ex ediles María José Rivas, Fernando Fernández, María Paz Ruiz y Fernando Cirujano declararán el 1 de marzo de 2017.