Avite pide justicia al Tribunal de Estrasburgo

Murcia

La Asociación de Víctimas de la Talidomida (Avite) ha presentado una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo al considerar que se han vulnerado sus derechos fundamentales en el proceso judicial seguido en España desde 2012.

El abogado de Avite Ignacio Martínez y el presidente de la asociación, José Riquelme, han presentando en una oficina de Correos de Alcantarilla (donde tiene su sede esta asociación), su demanda al Tribunal de Derechos Humanos Europeo de Estrasburgo, consistente en 2.800 folios de documentos que demostrarían que se han vulnerado derechos humanos de los afectados en el proceso judicial seguido en España desde el año 2012.

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En declaraciones a Radio Murcia, José Riquelme asegura que "lo que se quiere hacer con la demanda es demostrar que la talidomida no está prescrita en España". Para el presidente de la asociación, acudir a Estrasburgo"Es lo que nos queda. Acudir a Estrasburgo porque aquí ya se nos han cerrado las puertas", ha dicho Riquelme, quien ha recordado la decisión del pasado mes de julio del Tribunal Constitucional de no admitir su recurso de amparo contra la sentencia del Supremo que les negó la indemnización que reclamaban a la farmacéutica Grünenthal, al entender que la acción había prescrito.

Riquelme ha explicado que quieren que su demanda de indemnizaciones por las lesiones sufridas por este medicamento no se considere prescrito, tal y como dictó la justicia española.

Riquelme ha reprochado a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados que la proposición no de ley que aprobaron hace unas semanas esté "durmiendo en el cajón de los recuerdos del Parlamento".

Y al Gobierno, también le recrimina, que "se resista a iniciar la elaboración de la ley que desarrolle esa proposición no de ley, y también se resista en crear la comisión de seguimiento que contemplaba".

El presidente de AVITE cree que sería "triste" que les dieran la razón fuera de nuestro de país.

Riquelme ha añadido que esperan conocer la sentencia del tribunal de Estrasburgo en menos de un año y en el caso de que se les diera la razón abrirían un nuevo proceso judicial en nuestro país para reclamar indemnizaciones.

El pasado 24 de noviembre, todos los grupos parlamentarios reafirmaron su compromiso con las víctimas de la talidomida al instar al Gobierno a indemnizarlas de acuerdo a una tabla de evaluación de discapacidad y a pagar las prestaciones "justas" que procedan en el plazo máximo de 2018.

Por unanimidad, la Comisión de Sanidad del Congreso respaldó la proposición no de ley de Ciudadanos por la que los grupos se reafirmaban en lo acordado el pasado 19 de abril, cuando todos también -en este caso a instancias del grupo catalán- instaron al Ejecutivo a ampliar el procedimiento para reconocer a más víctimas.

Hoy también, y por amplia mayoría, el pleno del Parlamento Europeo ha exigido justicia tras sesenta años de indiferencia para las víctimas de la talidomida, especialmente desamparadas en países como España en las últimas décadas.

Los eurodiputados han aprobado una resolución política que reclama a Alemania que compense a todas las víctimas en la Unión Europea (UE) de la talidomida, niños que nacieron con deformidades por culpa de un medicamento germano para embarazadas en las décadas de los años 50 y 60.

La resolución, impulsada y apoyada especialmente por los eurodiputados españoles, reclama asimismo expresamente al Gobierno español que revise su legislación de 2010 y que facilite un nuevo registro de afectados reconocidos para que puedan así hacer valer su derecho a compensación ante las autoridades alemanas.