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La semana

El urbanismo de A Coruña tensa la cuerda

Lunes, 20 de febrero

Agentes de la Policía Judicial entraron en el Ayuntamiento de Culleredo para requisar documentación urbanística y de tráfico, tras una denuncia presentada por un policía local contra el alcalde del municipio, Julio Sacristán, al que acusa de tráfico de influencias. Los agentes incautaron expedientes de disciplina urbanística y también boletines de la policía municipal de hace varios años.

Más allá del enfrentamiento político que, según el propio alcalde, pudiera estar detrás de esta actuación, habrá que esperar al avance de la investigación para conocer su alcance y sus eventuales consecuencias. Hasta el momento, el alcalde, Julio Sacristán, ha prometido explicaciones en el Concello y ha ofrecido información ante los medios de comunicación.

Martes, 21 de febrero

El Concello da Coruña y la Asociación de Promotores Inmobiliarios evidenciaron su pulso por el desarrollo urbanístico de la ciudad. Los promotores denuncian que la actividad de la construcción de viviendas está paralizada, mientras que el Gobierno local afirma que es similar a la del anterior mandato. Además, el concelleiro de Rexeneración Urbana, Xiao Varela, mantiene que al llegar al Concello detectaron presuntas irregularidades de algún funcionario que denunciaron.  La Asociación de Promotores aseguró que no tienen constancia de que en el pasado hubiese funcionarios municipales que actuasen de forma coordinada con ciertas inmobiliarias para presuntamente agilizar trámites.

El trasfondo del asunto tiene que ver con la política urbanística de A Coruña y su forma de ejecutarla. ¿Hubo irregularidades en el pasado? ¿Hubo más permisividad con los promotores por parte del Ayuntamiento? ¿Está ahora el Gobierno local obstaculizando el desarrollo de esta actividad económica? Son muchas denuncias veladas e insinuaciones que sólo constribuyen a enturbiar la relación entre promotores y Gobierno municipal. A Coruña tiene un Plan General y la legislación tiene abundante normativa para regular los desarrollos urbanísticos. Que promotoras y Ayuntamiento lo cumplan, sin más. Y si el Gobierno local tiene nuevas sospechas, que lo ponga en conocimiento de la autoridad judicial, como ya hizo.

Miércoles, 22 de febrero

La Comisión Aberta en Defensa do Común se reunió con el alcalde, Xulio Ferreiro, en el salón de plenos, al que exigió la reversión gratuita de los terrenos de La Solana. Los integrantes de las diferentes entidades que participan en la Comisión reprocharon al alcalde que se sentara a negociar, en lugar de mantener una postura firme de no entregar ni un solo euro a la Autoridad Portuaria por La Solana. Al día siguiente, el Consejo de Administración del Puerto acordó suspender la subasta de las instalaciones, por lo que se abre de nuevo la venta directa al Ayuntamiento. Sería un venta porque el Gobierno local descarta reclamar la devolución gratuita. La Autoridad Portuaria de A Coruña y el Concello tienen por delante medio año para negociar e intentar llegar a un acuerdo sobre el futuro de los terrenos, tanto de La Solana como del Finisterre.

A nadie se le escapa que sería deseo del actual Gobierno local conseguir la devolución gratuita de las instalaciones, en lugar de pagar millón y medio de euros. Responde a una lógica económica y está en el ADN de Marea Atlántica. Pero nada justificaría más una subasta pura y dura por parte de la Autoridad Portuaria que esa posición. En defensa de sus intereses patrimoniales y económicos, el Puerto optaría por una puja al mejor postor en lugar de deshacerse por 0 euros de unos terrenos que, oficialmente, son de su propiedad. Pero el asunto trasciende con mucho estas parcelas. En juego está el futuro del conjunto de la fachada marítima que quedará liberada con el cese de la actividad portuaria en diferentes muelles coruñeses. Y ésa es la clave. La negociación debe ser global para desterrar el modelo que diseñaron en su día Francisco Vázquez y Francisco Álvarez Cascos. Pagar por La Solana sería un mal menor si la sostenibilidad y el espacio para los ciudadanos -sin eliminar la vivienda o la actividad económica- marcan la nueva fachada. 

Jueves, 23 de febrero

Fue el día en el que tomó posesión del nuevo gerente del Complejo Hospitalario de A Coruña, Luis Verde, que sustituye a Francisco Vilanova. Fue en un acto a puerta cerrada y que no había sido convocado oficialmente, a pesar de que ha contado con la asistencia del conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña. La Xunta incluso pidió a los periodistas que no entrasen en el salón de actos del edificio público del hospital; una situación insólita en las tomas de posesiones.

El nuevo mandato no pudo empezar peor. La transparencia debe ser una seña de identidad de la gestión de la Administración pública y, en especial, de la sanidad. Intentar expulsar a los periodistas de un salón de actos de un edificio público para la toma de posesión de un cargo que gestionará el dinero público de un servicio público es impropio de un sistema democrático, por mucho que el conselleiro lo reduzca a una "anécdota".

 Viernes, 24 de febrero

El Teatro Colón de A Coruña tendrá una gestión pública. Pase lo que pase en la negociación con el Concello da Coruña, interesado en la instalación, la gestión del teatro propiedad de la Diputación dejará de estar en manos privadas. El Gobierno provincial está dispuesto a coger directamente las riendas del Colón una vez que la concesión termine el próximo mes de mayo. Así lo anunció en el pleno de la Diputación la vicepresidenta, Goretti Sanmartín.

Si finalmente es así, será una oportunidad para que la Administración es capaz de gestionar sus servicios con buenos resultados. Una explotación directa puede abrir el camino para recuperar otros servicios en los que resulta más llamativo que la gestión sea a través de una empresa privada, como los parques comarcales de bomberos.

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