¿No tienes cuenta?

Regístrate

¿Ya eres usuario?

Entra en tu cuenta

O conéctate con

Inician diligencias previas contra la Diputación por presunta prevaricación

La institución que preside Benjamín Prieto no ha recibido aún el auto judicial, pero recuerda que el acuerdo que se cuestiona se tomó con todos los informes favorables y no fue recurrido por nadie

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Cuenca ha incoado diligencias por un presunto delito de prevaricación administrativa contra la Diputación de Cuenca, por el acuerdo marco de personal funcionario del extinto Consorcio Cuenca 112.

El auto, al que ha tenido acceso la Cadena SER, requiere a la Diputación que en un plazo de diez días remita al Juzgado un informe sobre este acuerdo, publicado en febrero de 2016 en el Boletín Oficial de la Provincia.

Las diligencias previas contra el presidente de la Diputación, Benjamín Prieto, así como contra otros responsables del Consorcio como Carlos Algaba o David Cuesta, se han abierto a raíz de una denuncia presentada por dos miembros del Comité de Empresa del extinto Consorcio, pertenecientes al sindicato UGT y en nombre de la Asociación de Bomberos Profesionales de la Provincia de Cuenca, según ha hecho público Izquierda Unida.

La Diputación de Cuenca ha salido al paso de las informaciones sobre la apertura de diligencias por presunta prevaricación, y ha afirmado que de momento no ha recibido ningún auto judicial y desconoce el presunto delito que se imputa y los términos de la “supuesta denuncia".

Sin embargo, tras las informaciones que ha conocido por los medios de comunicación, la Diputación defiende que el acuerdo marco del personal funcionario del Consorcio fue aprobado en enero del año pasado sin que nadie presentase ningún recurso en los meses siguientes, ni se hiciese ningún reparo por parte de la Abogacía del Estado.

Resalta que este acuerdo afecta a tres trabajadores, tenía todos los informes técnicos que avalan su contenido, y que lo que contemplaba, entre otras cuestiones, eran que estos funcionarios pudieran disponer de un fondo social de hasta 300 euros anuales.

Un fondo, recuerda la Diputación, que ya disfrutaba el resto de personal del Consorcio desde el año 2000 y que estaba destinado a gastos sanitarios y sociales debidamente justificados.

Cargando