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La fiscalía pide el archivo de la pieza política del caso "EDU" en Málaga

Considera que no existió trama alguna entre empresarios y administradores públicos para beneficiarse con la concesión de cursos de formación con compromiso de contratación

La fiscalía pide el archivo definitivo de la pieza principal del caso EDU: la que investigaba a doce políticos y funcionarios de Málaga por las presuntas irregularidades en las subvenciones para cursos de formación de la Junta de Andalucía.

Definitivamente el caso EDU se desinfla. A sus espaldas deja más de sesenta imputados, detenciones anunciadas, más de 300 declaraciones ante el juzgado y casi cuatro años de investigación por lo que se consideró, en su día, uno de los mayores casos de malversación de dinero público.

En Málaga el caso se centra en dos convocatorias para subvenciones a 30 empresas en el año 2010 por valor de más de 2.000.000 de euros.

A los investigados se les relacionaba con la posible comisión de los delitos de estafa, falsedad, fraude, prevaricación y tráfico de influencias.

Sin embargo la instrucción del caso dice lo contrario según la Fiscalía.

El Ministerio Público ha pedido en Málaga el archivo definitivo de la pieza que investigaba al exdelegado de empleo de la Junta, Juan Carlos Lomeña, a otros cinco jefes del departamento de empleo y seis técnicos de seguimiento por estos hechos.

El argumento de la fiscalía es claro: No hay pruebas de que los políticos, técnicos y empresarios se pusieran de acuerdo para crear una trama con la que beneficiarse de estos cursos de formación.

Abunda en su argumento: aunque uno de estos responsables hubiera querido hacerlo le hubiera sido imposible sin la connivencia del resto y, ello, dice la fiscalía, era imposible. No se constatado relación, ni interés personal, ni amistad entre empresarios y administradores públicos encargados de otorgar el dinero para los cursos, no hubo concesión de subvenciones arbitrarias y, en todo caso, las irregularidades detectadas serían, sólo, de carácter administrativo.

CRITICAS A LA JUNTA

En su escrito la Fiscalía habla de vacío interno...de confusión en las funciones asignadas a cada departamento encargado de la gestión de estos cursos por parte de la Junta de Andalucía en Málaga. No había normativa interna que delimitase las funciones.

El personal para llevar a cabo el examen previo, control, seguimiento y verificación de cada uno de los cursos era escaso. Más teniendo en cuenta la cuantía monetaria y la cantidad de cursos adjudicados lo que explica que alguno de ellos no fuera impartido. Como ejemplo pone que sólo 8 funcionarios tuvieran que hacer el seguimiento de 1.500 cursos de formación.

Pero es más: dice la fiscalía que a cada norma legal para la concesión de los cursos, la Junta incluyó, a renglón seguido una excepción y así ocurría con la obligación de que las empresas estuvieran dadas de alta en la Seguridad Social, que no mantuvieran deudas con el erario, que las sociedades estuvieran homologadas para impartir la formación o que el proceso fuera de concurrencia competitiva: a cada obligación una salida.

Definitivamente, dice el Ministerio Público, no hay delito pero sí advierte de irregularidades administrativas.

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