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El Defensor del Paciente denuncia recortes en las pensiones por incapacidad

El abogado de la asociación en Galicia asegura que recibe más de un centenar de casos al año

La muerte, esta semana, de una mujer que padecía metástasis y a la que habían denegado la incapacidad absoluta para trabajar ha reabierto el debate sobre los controles para la concesión de este tipo de pensiones. El Defensor del Paciente denuncia el intento de ahorro por parte de la Administración. El abogado Cipriano Castreje, quien lleva los casos de la asociación en Galicia, asegura que "mucha gente fallece esperando por pruebas diagnósticas y fallece esperando a que le concedan una pensión por incapacidad".

A Isabel Carragal trabajaba en una fábrica de congelados, hasta que le diagnosticaron un cáncer de mama por el que tuvo que someterse a una doble mastectomía, que posteriormente degeneró en metástasis. Su lucha contra la sanidad y la Administración comenzó en 2015. Fue entonces cuando el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) le denegó la incapacidad absoluta permanente, aunque sí le reconoció un grado más leve, compatible con la actividad laboral. Decisión que más tarde ratificó el Juzgado de lo Social de Pontevedra. Castreje asegura que este no es un caso aislado y que cada año le llegan más de un centenar.  El letrado cuestiona las prioridades de los sucesivos gobiernos, para los que la prioridad, afirma, no es el gasto social. "La cuestión es...recortes, así de claro". Y declara una situación todavía más insólita: a algunas personas llegan a retirarles la incapacidad que previamente les había sido reconocida, a pesar de continuar en el mismo estado de salud.

El caso de Isabel está ahora en manos del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, pero la sentencia llegará, en cualquier caso, tarde. Lo que, lamentablemente, ocurre más a menudo de lo que debiera. Razón por la que Castreje critica también la lentitud de la justicia. El abogado recuerda a un marinero de Fisterra, también enfermo de cáncer, que falleció antes de poder ver cómo el TSXG le daba la razón. Su periplo había sido similar al de la marinense. Todo depende, según Castreje, de la prueba que se presente y de que esta sea la más adecuada para demostrar que una enfermedad impide el ejercicio de la profesión desarrollada hasta el momento. Por ello, ve en algunos juzgados una "falta de sensibilidad con estos temas". Y para conseguir una buena prueba hacen falta recursos que permitab sufragar los gastos de un perito especializado. En ese punto, añade, "el sistema es injusto y se aprovecha del pobre". "Créame, -concluye- no todos somos iguales ante la ley".

Esta redacción se ha puesto en contacto con la Dirección Provincial del INSS en Pontevedra, organismo responsable de la valoración de la solicitud de incapacidad a Isabel Carragal, para conocer su versión. Tras una consulta telefónica y otra por correo electrónico (a petición de la oficina), continuamos a la espera de respuesta. 

 

 

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