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El Gobierno y la Izquierda rechazan la propuesta "a lo Trump" del PP sobre ayudas sociales

La enmienda a la totalidad de los populares al proyecto de ordenanza de ayudas municipales fue rechazada por el voto de todas las demás fuerzas políticas

Concentración de la Plataforma Antiracista en Vitoria el 21 de marzo de 2015. /

"Urtaran se preocupa más de los que pueden venir a Vitoria que de aquellos que están aquí y lo están pasando mal y están fueran del sistema por un tratamiento injusto de sus ingresos", manifestó este lunes la portavoz del Partido Popular, Leticia Comerón, en defensa también "de los autónomos que no pueden recibir ayudas por computarle sus préstamos como ingresos".

El grupo popular presentó esta mañana una enmienda a la totalidad al proyecto de ordenanza de ayudas municipales esgrimiendo, entre otros motivos, que dicho proyecto "es una oportunidad perdida" para evitar que "yihadistas, maltratadores, violadores o traficantes cobren de las ayudas sociales" y acabar con el "efecto llamada" del que se hicieran eco "tres informes del Departamento de Asuntos Sociales durante la pasada legislatura".

La propuesta del PP - que aboga por eliminar las ayudas a quienes tengan "antecedentes penales graves" - despertó un aluvión de críticas por parte de los demás grupos políticos.

"La política del PP es la política de Donald Trump, la política de la confrontación y la insolidaridad", aseveró el portavoz de Irabazi, Óscar Fernández. Con un tono similar, el concejal de Podemos, Juan Cerezuela, se refirió a la propuesta popular como "un canto de culpar al pobre de su pobreza enfrentando a los de aquí con los de allí" mientras que Ane Aristi, de EH Bildu, aseguró que "donde EH Bildu ve marginación, el PP ve yihadistas".

No menos dura fue la respuesta del Gobierno, defensor de su ordenanza por "utilizar los mismos criterios para todos".

"Es inconstitucional pedir antecedentes penales a personas que hayan delinquido y que estén en proceso de reinserción", explicó el concejal de Políticas Sociales, Peio López de Munain, tras recordar además que el porcentaje de población inmigrante cayó de un 9,1% en 2014 a un 8,8% en 2016 y que "ningún técnico quiso firmar los documentos que hablaban de un supuesto efecto llamada". Poco antes, su compañera de gobierno, la concejal de Desarrollo Económico, Nerea Melgosa, había retrucado también a Comerón que "durante los años 2014 y 2015 (años de legislatura popular) Vitoria se convirtió en la capital más pobre de Euskadi y no por población 'de allí' sino por 'población nacional'", reclamando a la popular que "deje al Gobierno arreglar el problema".

Frente al rechazo generalizado, el PP insistió después en que pedir los antecedentes "no es inconstitucional y que se hace de hecho con determinadas OPES o para trabajar con menores" aunque su enmienda a la totalidad, claro está, quedó desestimada.

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