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"Se demostrará que actuamos correctamente"

La Audiencia sienta en el banquillo desde este martes al exvicepresdente de la Diputación, Julo Bernardo (IU) y otras 11 personas acusadas de contrataciones irregulares para la celebración de una feria empresarial en Tetuán en 2011

Julio Bernardo. /

Ha comenzado el juicio en la Audiencia Provincial contra el exvicepresidente de la Diputación, Julio Bernardo, de Izquierda Unida, y otras once personas más por el llamado caso Mercamed, que investiga las contrataciones para la celebración de una feria empresarial en Tetuán en 2011 que contaba con financiación europea.

Pocos días de la celebración de la Feria Mercamed, de Tetuán, en Marruecos, un camión de la empresa contratada para el montaje del expositor fue bloqueado en la frontera. Diputación decide en aquel momento contratar en Tetuán a otras empresa locales para que realizara el montaje del expositor, de ahí la duplicidad de contratos que aparece en la contabilidad, que motiva la denuncia del Partido Popular. Este es el argumento con el que Izquierda Unida justifica las presuntas irregularidades que hoy sientan en el banquillo al ex vicepresidente.

La Fiscalía ha solicitado la pena ocho años y cinco meses de prisión y 17 años de inhabilitación para Julio Bernardo, además de dos multas, una de ellas de 250.000 euros. El juicio también sentará en el banquillo de los acusados a representantes de empresas y a técnicos contratados en la Diputación. Los acusados se enfrentan a penas de hasta ocho años y medio de prisión por supuestos delitos de prevaricación perpetrada por funcionario público, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsificación de documento mercantil.

El escrito del Ministerio Fiscal sostiene que en las contrataciones se eludió el trámite de fiscalización previo, los mecanismos de control de la Ley de Haciendas Locales, y que después, para justificar las contrataciones, se elaboraron expedientes incompletos, simulados o artificiales, para otorgar apariencia de legalidad de forma intencionada y favoreciendo a las empresas vinculadas elegidas a dedo.

Estas contrataciones en el territorio provocaron que las inversiones en empresas europeas no llegasen al 80%, por lo que fueron reclamados a Diputación los fondos europeos del programa POCTEFEX recibidos para la feria, cuyo presupuesto total era de 300.000 euros.

El principal acusado, el ex vicepresidente de la Diputaciòn Julio Bernardo, ha dicho a su entrada esta mañana a la Audiencia Provincial, a la que ha llegado respaldado por amigos y miembros de Izquierda Unida y el Partido Comunista, que está convencido de la libre absolución.

Dice Bernardo que este asunto, que para él ha sido una pesadilla, también costó la salud a la fallecida Asunción Pérez Cotarelo, que fue imputada por este asunto en una parte de la causa que luego se archivó.

El coordinador provincial de Izquierda Unida ha defendido la inocencia de Julio Bernardo. Manuel Morales dice que este costoso proceso judicial responde a una persecución política del Partido Popular, a quien pedirá cuentas una vez se conozca la sentencia.

Alcaldes de Salar, Orce, Moraleda... militantes y amigos han acompañado a Julio Bernardo, quien, por cierto, sigue trabajando como cartero y viviendo en el mismo domicilio que antes de ocupar cargos públicos durante una década.

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