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El Defensor alerta contra el "aumento de la plaga" de la desigualdad social

"Probablemente vivamos en la era de mayor desigualdad de nuestra historia presente", ha sostenido el Defensor

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha alertado sobre el aumento de la desigualdad, una "plaga" que, en su opinión, está causando más pobreza y agrandando la brecha social, por lo que ha pedido "recomponer" los daños originados por la crisis y tomar medidas ante una "posible réplica".

 "Probablemente vivamos en la era de mayor desigualdad de nuestra historia presente", ha sostenido el Defensor, que ha avisado sobre la existencia de trabajadores pobres, la brecha salarial que afecta a las mujeres, la emigración de los jóvenes o la brecha económica entre territorios.

"El tsunami de la crisis puede que haya pasado, pero ahora toca recomponer los daños y prepararnos para una posible réplica", ha avisado, al tiempo que ha enfatizado que el 12 % de los andaluces está en la "pobreza extrema".

Maeztu ha entregado hoy al presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán, el Informe Anual 2016 de la institución, a la que acudieron unas 22.492 personas para la defensa de sus derechos y que gestionó el pasado año 10.128 quejas (203 de oficio), un 15,7 % más que en 2015.

De las quejas y consultas se desprende la preocupación de la ciudadanía por la igualdad, especialmente en las relacionadas con el personal del sector público (1.272 quejas), la vivienda (1.061 quejas), la educación (968 quejas) o los menores (878 quejas), aunque las materias que afectan al Estado del Bienestar han copado el 59 % del total de las actuaciones del Defensor.

A estas le siguen las relacionadas con la sostenibilidad de las ciudades y el territorio y las reclamaciones ciudadanas en materia de justicia.

En términos generales, la ciudadanía sigue denunciando las demoras e impagos de ayudas sociales, la falta de planificación en las políticas de formación para el empleo, el colapso de las oficinas judiciales, la pobreza infantil, la falta de acceso a una vivienda digna o la incertidumbre en la comunidad educativa.

La radiografía del Informe apunta también a la actitud insolidaria de las entidades financieras, al despilfarro de infraestructuras ruinosas financiadas con dinero público o las restricciones y recortes presupuestarios que "impiden" la realización de obras hidráulicas, sociales o culturales necesarias.

Junto a ello, recoge la "tremenda e insoportable" brecha de la desigualdad provocada, entre otros motivos, por el aumento de la desigualdad económica y la "insuficiente" respuesta del sistema de protección social.

"Asistimos a una nueva infancia vulnerable, una infancia demasiado invisible como son los menores víctimas de trata de seres humanos, los menores refugiados y no acompañados", ha subrayado.

El Defensor ha destacado en rueda de prensa la especial preocupación por la crisis de los refugiados que ha motivado su participación en diversos foros nacionales e internacionales.

Las inquietudes de la ciudadanía se centran igualmente en los retraso en el pago del salario social, en el acoso escolar, que motivó sendos informes especiales, en los impagos de las ayudas al alquiler de vivienda o en el derecho a un domicilio libre de ruidos.

En este sentido, ha vuelto a reclamar la renta básica, un derecho reconocido en el Estatuto de Autonomía, mientras sobre el sistema de Dependencia ha lamentado que "siguen apareciendo irremediablemente" los problemas detectados en las ayudas en el año 2009 o la falta de plazas para dependientes con discapacidad.

En un año marcado por las movilizaciones en materia de sanidad, el Informe señala las adopción unilateral de cambios organizativos y la "sensación" de perdida de calidad en la atención que, "en forma de recortes", ha repercutido en la población, y sitúa los problemas en la atención especializada, en los tiempos de respuesta asistencial y en las citas de pruebas diagnósticas, así como en la dotación de nuevas infraestructuras sanitarias.

Maeztu se ha referido también, en políticas de empleo, a la "mala orientación" de las políticas activas y a la "inexistencia" de evaluación en los cursos de formación tras su paralización.

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