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UGT y CCOO denuncian a Lactalis por cerrar Lauki

Han presentado una demanda por conflicto colectivo ante el juzgado de lo Social de Valladolid

Trabajadores de Lauki concentrados ante la fábrica en el día del cierre / ()

Los sindicatos UGT y CCOO han presentado ante el juzgado de lo Social de Valladolid una demanda por conflicto colectivo a causa del incumplimiento del acuerdo por el que la multinacional Lactalis se comprometía a buscar comprador para la empresa Lauki en el marco del ERE con el que se despidió a toda la plantilla.

La demanda, según han informado fuentes sindicales, pide que se exija a la empresa el cumplimiento del acuerdo, y, por tanto, la venta efectiva de la fábrica, y una indemnización de 187.500 euros para la Fundación Anclaje que se encarga de prevenir la deslocalización de empresas en Castilla y León y a paliar sus efectos.

Este movimiento, han señalado, es consecuencia directa de la decisión de la multinacional francesa Lactalis de llevarse la producción de Lauki a Lugo, adoptada en marzo de 2016. Para ello, planteó un expediente de regulación de empleo que contemplaba traslados y extinciones de empleo que afectaban a los 85 empleados y empleadas de la fábrica vallisoletana.

En el periodo de negociación de este ERE, la empresa se comprometió a buscar comprador bajo la supervisión de la Junta  y de la Fundación Anclaje. Sin embargo, la compañía láctea rechazó cuantas propuestas de compra fueron llegando, tanto a la empresa Lauki como al Gobierno autonómico, bajo el argumento de que eran competidoras de Lactalis. Lo hicieron, apuntan los sindicatos, con empresas que no eran del sector lácteo. Finalmente, y ante la imposibilidad de ejecutar esta venta la empresa cerró en octubre de 2016 y la plantilla fue despedida.

Tras este resultado, los sindicatos recuerdan que han emprendido acciones para denunciar el incumplimiento del acuerdo por parte de Lactalis "en todos los ámbitos posibles". El 16 de diciembre de 2016 se planteó una demanda de conciliación ante el SERLA que concluyó sin acuerdo. Los representantes sindicales han acudido también a las instituciones europeas contra la deslocalización de la fábrica que llevó a cabo, a pesar de que tenía beneficios y "después de haber cobrado ayudas europeas de los fondos FEDER".

Ahora,  será el juzgado de lo Social el que dictamine si hubo incumplimiento del acuerdo y si el ERE debe retrotraerse al punto inicial con el establecimiento de un nuevo plazo de cuatro meses para la ejecución de una venta real, ya sin la condición impuesta por la empresa de que no concurran empresas del mismo sector de Lauki.

Si la sentencia es favorable, los trabajadores y trabajadoras de la factoría podrían tener otra posible oportunidad de empleo. En cualquier caso, desde CCOO y UGT aseguran que "van a seguir luchando" para evitar la liquidación de esta fábrica y de otras, que siendo rentables, decidan salir de Castilla y León.

En este sentido recuerdan casos de otras factorías, como Dulciora, que finalmente haa podido pasar a nuevos empresarios que mantendrán la actividad industrial. 

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