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Cifuentes lleva a la Fiscalía irregularidades detectadas por Móstoles hace cuatro meses

La Presidenta madrileña ha anunciado que su Gobierno ha denunciado al Consorcio Urbanístico de Móstoles Sur por comprar 10 millones de euros en preferentes. El Ayuntamiento de Móstoles ya alertó hace meses de aquella operación

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes,durante su intervención en un desayuno informativo que protagonizó hoy en un hotel de Madrid / ()

La Presidenta madrileña, Cristina Cifuentes ha anunciado este lunes que su Gobierno “ha puesto en conocimiento de la Fiscalía General del Estado la compra de 10 millones de euros en participaciones preferentes de Caja Madrid por parte del Consorcio Urbanístico Móstoles Sur en 2009”. Una escrito, que por el momento, no ha llegado a la Fiscalía, según han aclarado a la SER desde el Ministerio Público.

Aquella polémica operación no es nueva. Ya en el mes de febrero el Ayuntamiento de Móstoles solicitó información al Consorcio Urbanístico Móstoles Sur después de saber que esta plataforma (participada al 50% por la Comunidad de Madrid y por el consistorio, a partes iguales) perdió 4’3 millones de euros en preferentes de Bankia, después de vender las participaciones en 2013.

A raíz de aquella información, adelantada por El Confidencial, el Ayuntamiento de Móstoles anunció en marzo que emprenderían acciones legales contra el Consorcio Urbanístico de Móstoles Sur, pero no han podido ponerlo en manos de la justicia porque no han recibido la información que solicitaron a la Comunidad de Madrid, “llevamos más de cuatro meses esperando”, según se ha quejado en la SER el concejal de Urbanismo, Eduardo Gutiérrez, “todavía seguimos esperando que nos faciliten los datos de los contratos bancarios de aquella compra de preferentes y de la venta”. Desde el consistorio mostoleño sospechan que si no han recibido esa documentación es para que “Cristina Cifuentes pueda hacerse la foto en la lucha contra la corrupción”, al anunciar esta denuncia ante la Fiscalía.

Lo cierto es que esa foto existe. La Presidenta madrileña ha hecho este anuncio durante el desayuno de Nueva Economía Forum, presentada nada menos que por el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Un acto donde también ha estado rodeada por toda la plana mayor del Partido Popular (María Dolores de Cospedal, Fernando Martínez Maíllo, Pablo Casado y Andrea Levi, entre otros) -pero con la ausencia de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría-. Todos han escuchado a Cristina Cifuentes defender que su Gobierno “trabaja activamente contra la corrupción”.

La Comunidad de Madrid se reunió al Consejo de Administración del Consorcio Móstoles-Sur para recabar información sobre esta compra de preferentes. A raíz de aquel encuentro detectaron que no existía ningún documento reflejase aquella operación (valorada en 10 millones de euros). Según el Gobierno regional, además, aquella compra debería haber sido aprobada por el Consejo de Administración del Consorcio Urbanístico Móstoles Sur, pero no fue así.

El Gobierno madrileño deja en manos de la Fiscalía el trabajo de aclarar si se ha cometido alguna irregularidad por parte de las personas que en el momento de la compra ocupaban los puestos del Consejo de Administración – en 2009, por parte de la Comunidad estaba la consejera de Urbanismo, Ana Isabel Mariño y por el Ayuntamiento, su alcalde, el popular Esteban Parro-, “que eran los encargados de tomar las decisiones”, según el Gobierno madrileño.

En paralelo, el Gobierno de Cifuentes también ha solicitado un informe a la Abogacía de la Comunidad para conocer si es posible recuperar el dinero invertido.

Otra denuncia contra la Cámara del Comercio

La Comunidad de Madrid también ha puesto en conocimiento de la Fiscalía "la existencia de determinadas anomalías detectadas por los funcionarios en la acreditación de los medios humanos y técnicos de un contrato de formación de autónomos y emprendedores por importe de 67.000 euros" por parte de la Cámara del Comercio de Madrid.

Ese contrato se adjudicó en noviembre de 2016 por concurso público a la Cámara de Comercio. Ante las anomalías detectadas, la Comunidad de Madrid inició un procedimiento para finiquitar ese contrato, y de paso recuperar la garantía "superior a los 3.000 euros", por lo que esos polémicos cursos "no se han llegado a impartir", según la Comunidad de Madrid.

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