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La Seguridad Social anula las cotizaciones de los ex de Delphi

Un informe de la inspección de trabajo precisa que los cursos formativos a los acudieron no equivalen a contratos de trabajo y no son válidos a efectos de cotización

una imagen de la factoría de delphi tras su cierre en 2007 /

La dirección provincial de la Seguridad Social ha comenzado a enviar notificaciones a los extrabajadores de Delhpi advirtiéndoles de la anulación de las cotizaciones acumuladas en sus historiales laborales durante los tres años en los que asistieron a cursos formativos tras el cierre de la fábrica.

El escrito explica que esas cotizaciones no tienen valor legal al corresponder a actividades (los cursos formativos) que, según un informe de la inspección de trabajo, no deben ser considerados contratos laborales, aunque los trabajadores cobrasen por su asistencia.

El informe señala que algunos de ellos tributaron por recibir formación, algo que «no contempla la Ley ni permite la Unión Europea» y precisa que un desempleado no puede recibir un sueldo que suponga cotización y posible percepción de un posterior subsidio por desempleo por asistir a un curso formativo.

La retirada de las cotizaciones afecta directamente a 487 extrabajadores, que ahora “pueden ver muy reducida su prestación por jubilación, una vez que alcancen esa situación", según ha explicado en la SER el portavoz del colectivo, Miguel Paramio.

Se da la circunstancia de que las notificaciones están siendo comunicadas en las jornadas previas al inicio del juicio en que se deberá analizar la validez del sistema. El primero de ellos se celebrará el próximo día 17.

Paramio se ha reconocido “sorprendido” por la emisión de las cartas “antes de que se celebren los juicios”, argumento que hoy ha sido trasladado a la directora general de la Tesorería de la Seguridad Social, en el curso de una reunión celebrada entre las partes.

Los sindicatos presentes en el conflicto (UGT, USO, CCOO y CGT) están elaborando un modelo de alegaciones contra la medida de la Seguridad Social al entender que el colectivo no se puede perjudicar por un modelo formativo que no fue elegido por ellos, sino establecido por las fundaciones de formación a las que la Junta les encomendó esa labor. Una vez redactado, deberá ser presentado por cada trabajador en las oficinas de la Seguridad Social.

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