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La Justicia digital no funciona "como dios manda"

La Junta de personal de la Administración de Justicia en Burgos ve carencias importantes en el despliegue del expediente digital que se completa este 17 de julio en los juzgados de Castilla y León

Este 17 de julio es la fecha marcada por el Ministerio de Justicia para que todas las operaciones de firma y consulta de documentos en los órganos judiciales de la Comunidad de Castilla y León se realicen íntegramente en formato digital, que persigue agilizar la tramitación y dotar de más garantías a los actos jurídicos. Algo que ponen en duda los funcionarios. El presidente de la Junta de Personal de justicia en BU, Alberto Arroyo, dice literalmente que, a pesar de la propaganda del Ministerio, "estamos a años luz de que la justicia digital funcione como dios manda". Asegura que la falta de un sistema tecnológico integrado para todos los procedimientos impide que los juzgados digitales cumplan su objetivo de agilizar este servicio básico que, de momento, sigue manteniendo su lentitud secular. La opinión generalizada entre los funcionarios de la Administración de Justicia es que padecen los fallos y retrasos de programas obsoletos o plataformas incompatibles que se combinan en los órganos judiciales con el actual despliegue digital. Alberto Arroyo sostiene que su trabajo, lejos de mejorar, es más difícil ahora y más lento el servicio para el administrado. La Justicia está lejos de eliminar el papel de sus procedimientos, sostiene Arroyo, para quien el principal problema es no poder contar con un programa único y eficaz, compatible en todas las instancias judiciales y a ser posible que fuera idéntico en todo el territorio nacional porque las autonomías con la competencia transferida tienen sus propios sistemas. El Ministerio de Justicia ha reconocido que la principal herramienta de gestión procesal, el sistema Minerva, hace años que se quedó anticuado, asegura el funcionario, que lamenta las dificultades en la itinerancia de datos entre juzgados de la misma provincia. Alberto Arroyo pone otro ejemplo de la inoperancia del sistema. Que la Fiscalía no esté integrada en el sistema de comunicación Lexnet que comparten el resto de actores judiciales sino que tenga su propio programa, Fortuny, que no permite esa transferencia digital de datos y ralentiza el funcionamiento de la jurisdicción penal. Los funcionarios se quejan además de que la formación que ha proporcionado el Ministerio para adaptarse a la justicia digital ha sido ''cicatera'' teniendo que conciliar los cursos con su carga de trabajo habitual, ya de por si elevada.

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