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corts valencianes

EL PP recurre el decreto del valenciano en la administración

Pide al Tribunal Superior de Justicia, que lo suspenda cautelarmente

Los diputados Maria José Ferrer San-Segundo y Jorge Bellver en rueda de prensa /

El PP pide al TSJ que suspenda cautelarmente el decreto del Consell que regula el uso del valenciano y el castellano en la administracion autonomica, mientras se resuelve el recurso  contencioso-administrativo que ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat.

Según los populares el decreto del Consell por el que se regulan los usos institucionales y administrativos de las lenguas oficiales en la administración de la Generalitat “margina y excluye” al castellano y además podría dictaminarse nulidad en los actos administrativos si finalmente se considera que hay partes del decreto nulas.

El presidente del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Jorge Bellver,  ha recordado que ya el pasado noviembre presentaron ante la Dirección General de Política Lingüística una serie de observaciones, “pero el Consell no hizo ni caso y eso nos obliga a interponer un recurso contencioso-administrativo y pedir la suspensión cautelar de este decreto”. El recurso se registró el pasado 12 julio.

Bellver ha afirmado que  los populares “pensamos que el valenciano, una de las señas más importantes de identidad de nuestro territorio, se defiende con la formación, no con la imposición”, y ha señalado que la sociedad valenciana “ya empieza a estar harta de los enfrentamientos en los que el tripartito se encuentra como pez en el agua”.El diputado popular ha explicado que el Consell “dice que este decreto se redacta por el interés ciudadano, pero lo cierto es que en todo 2016 solo hubo 82 quejas en este apartado. En cambio, de las 1.120 quejas de dependencia, que suponen el 13% de las presentadas, no dicen ni palabra."

Bellver ha señalado que la marginación del castellano “es uno de los principios fundamentales en los que se basa el recurso”.

Expediente y medidas cautelares

Por su parte, Maria JoséFerrer San-Segundo ha explicado que tras la interposición del recurso “la administración tiene que entregar el expediente y en ese momento formalizaremos con mayor profundidad las alegaciones”. Asimismo, ha explicado que se ha pedido cautelares. Al respecto, ha señalado que “no nos vamos a poner tan nerviosos como la vicepresidenta, porque no admitir una medida cautelar no significa que no atiendan al fondo. Las medidas cautelares están para defender los derechos de las personas que de ser aplicada la norma hubieran resultado afectadas”.

La diputada popular ha señalado que el decreto “parte de que todas las personas que residen y trabajan en la Comunitat Valenciana tienen un nivel óptimo de valenciano, y no es así. La Constitución y el Estatut garantizan el derecho a no ser discriminados por razón de lengua. El CJC ya ha advertido a la Conselleria, y no les han hecho caso” Además  el decreto “puede tener efectos a nivel económico como contrataciones, embalaje o etiquetados”, y también habla “de notificaciones exclusivamente en valenciano entre administraciones, como en Justicia, lo que puede provocar retrasos”.

En ese sentido, ha alertado de que “puede acabar dictándose la nulidad de los actos de la administración si se determina que hay partes del decreto nulos. Dicen que en la notificación de un expediente a una persona interesada no pasa nada si se hace en otro territorio del mismo dominio lingüístico, pero no es verdad, porque lo que rige en administración no es el dominio lingüístico, sino la lengua cooficial y el valenciano solo lo es en la Comunitat Valenciana. Es una cuestión jurídica y podría determinar la nulidad. Es muy grave porque puede ser irreversible”. 

“Queremos que se potencie el valenciano, pero no es legal que el valenciano sea excluyente del castellano. Puede provocar problemas a los funcionarios en su trabajo diario y también problemas con los ciudadanos, que son destinatarios”, ha concluido la diputada autonómica.


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