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La FAPA Giner de los Ríos denuncia la venta de los colegios “al mejor postor”

Pide la retirada del proyecto de la Comunidad que pretende regular el uso de los centros en horario no lectivo

Colegio Julián Besteiro de Parla /

La Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA) Francisco Giner de los Ríos denuncia que la Comunidad de Madrid ha abierto la posibilidad de vender los espacios públicos educativos “al mejor postor”. Lo hace después de conocer el proyecto del decreto que prepara el Ejecutivo regional para regular la utilización no lectiva de los centros educativos. Un texto que la FAPA ha pedido retirar y lamenta que no se ha contado con ellos para su redacción.

La asociación asegura que “existe una clara posibilidad de ceder los espacios públicos al uso lucrativo”, algo que les hace dudar de que el Ejecutivo no esté intentado llevar a cabo una privatización encubierta.”Como el Gobierno no da suficiente financiación a los centros, abre esta opción para que el colegio se venda al mejor postor” ha asegurado el presidente de la federación, Camilo Jené. “La Comunidad se lava las manos y no nos parece bien”, ha sentenciado el presidente.

La FAPA califica el texto de ambiguo y de crear inseguridad jurídica. “Las normas deben generar certeza y no oscurantismo”, aseguró la asociación la semana pasada en el dictamen alternativo presentado en el Consejo Escolar de la Comunidad, que fue rechazado. Alega además que de aprobarse este proyecto, se vulnerarán los derechos de las asociaciones de madres y padres de alumnos (AMPA), cuyas actividades prevalecen sobre otras en los centros. La federación critica también la falta de concreción del texto sobre el horario lectivo y escolar y pide una reflexión sosegada sobre este nuevo decreto.

Fuentes de la consejería de Educación han defendido que los centros ya ceden sus espacios actualmente y aseguran que las actividades de las AMPAs no corren peligro con este nuevo texto. Estas mismas fuentes han asegurado que la intención del Gobierno regional es triple; por un lado actualizar una legislación que ya estaba anticuada, dar mayor autonomía financiera a los centros y, por último, otorgar mayores garantías en el proceso de cesión que antes no existían.

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