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Trato y UGT exigen que se cubran todas las plazas en la residencia 'Infantas Elena y Cristina'

  • Denuncian que hay 32 plazas vacantes mientras hay lista de espera
  • Critican la gestión que hace la Diputación Provincial de esta residencia en la que viven 140 personas dependientes

Acceso a la residencia 'Infantas Elena y Cristina' /

El pasado 14 de julio una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anuló el Reglamento de funcionamiento del Centro Infantas Elena y Cristina que llevaba un año vigente, porque el texto aprobado no coincidía exactamente con el que se sometió a información pública.

Trato Ciudadano y la Federación de Servicios Públicos de UGT consideran que la aprobación de un reglamento en el que se introdujeron cambios importantes sobre la jerarquía de mando en el centro es un ejemplo de falta de transparencia y de la forma en que se gestiona esta residencia pública que depende de la Diputación Provincial.

Rubén Arroyo, de Trato Ciudadano, y Francisco Muñoz, de UGT / Cadena Ser

Rubén Arroyo, diputado de Trato Ciudadano, enumera algunos de los problemas que a su juicio tiene este servicio: "No tiene director, no tiene jefe de enfermería y tiene una situación bastante precaria de los trabajadores. Faltan 29 vacantes de auxiliares de enfermería por cubrir y se están cubriendo, en fraude de ley, por una bolsa de empleo". Desde Trato Ciudadano y UGT hablan de "fraude de ley" porque los contratos se hacen "por circunstancias de la producción cuando en realidad lo que están haciendo es cubrir vacantes permanentes, lo que debería hacerse o bien mediante oposición o con interinos".

Camas vacías pese a la lista de espera

Pero las críticas no se quedan en la situación de los trabajadores. El secretario de organización de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Francisco Muñoz, asegura que hay 32 plazas de residentes sin cubrir, 16 en la unidad de convalecencia -que aún no se ha puesto en marcha-, y 16 en la residencia. Sin embargo hay lista de espera para acceder a esta residencia pública.

Francisco Muñoz habla de falta de voluntad política para que las instalaciones funcionen al 100% de su capacidad y responsabiliza al presidente de la Diputación Provincial.

En estos momentos hay 140 residentes, la mayor parte derivados por la Junta de Castilla y León. Aunque la gestión depende de la Diputación Provincial, tanto Trato Ciudadano como UGT han pedido una reunión con el delegado territorial de la Junta para abordar esta situación.

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