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El Canal busca abogados privados para su defensa en 'Lezo'

La empresa pública vuelve a tirar de un bufete privado tras gastar más de 12 millones de euros en despachos ajenos a pesar de contar con un equipo jurídico propio

En plena fase de instrucción de la operación Lezo, el Canal de Isabel II, personado en la causa como acusación particular para resarcir el daño patrimonial que supuestamente ha sufrido de manos de sus saqueadores -entre otros, presuntamente, Ignacio González-, busca abogado privado que lo defienda en la Audiencia Nacional. El contrato está ahora mismo en fase de licitación, aún no ha sido adjudicado, pero el Canal esta dispuesto a gastar 63 mil 307 euros no solo por su defensa, también por la de su filial Canal Extensia.

El contrato contempla la asistencia jurídica para ambas empresas en la fase de instrucción que se sigue ahora mismo en los juzgados así como desde la apertura de juicio oral hasta que haya sentencia firme. La cantidad a pagar incluye también los gastos en dietas y desplazamientos y el Canal se reserva el derecho de solicitar el cese de la representación de Extensia.

Fuentes del Canal aseguran que de nuevo se va a echar mano de un bufete privado porque el servicio jurídico propio de la empresa pública no incluye un despacho penal y desconocen si lo hay en la Comunidad de Madrid, a la que también podrían haber acudido para su representación letrada.

La asistencia privada ha sido la práctica habitual del Canal durante años. Como ya les contamos en la Ser, entre 2003 y 2016 la empresa pública facturó 12’5 millones de euros a casi 50 despachos de abogados, tanto nacionales, como internacionales, la gran mayoría bufetes vinculados al PP. Incluso, llegaron a contratar el despacho de Edmundo Rodríguez Sobrino, uno de los principales imputados de la trama Lezo, cuando ya trabajaba en Canal.

Fuentes del Canal precisan a la Ser que es habitual que las empresas públicas, como Metro, utilicen este procedimiento de contratación de despachos privados para la defensa de sus intereses en determinados procedimientos judiciales. Ahora mismo, según los datos proporcionados desde el Canal, la asesoría jurídica de la empresa pública trabaja en la adjudicación de 250 contratos, en 2.500 expedientes contenciosos, en 300 señalamientos judiciales, 1.500 expedientes relativos a procedimientos administrativos de agua y medio ambiente, 650 expedientes de reclamaciones de contratistas y expedientes sancionadores en obras, 2.000 expedientes relacionados con la gestión patrimonial de la empresa y 240 expedientes de reclamaciones de clientes, arbitraje y convenios con ayuntamientos y urbanizaciones.

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