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Tribunales

Ortiz hubiera ganado 42 millones con el Plan General de 2010

Un informe municipal, remitido a las partes incluidas en el proceso judicial, concluye que los terrenos de Enrique Ortiz se hubieran revalorizado por encima de los 50 millones de euros si hubiera entrado en vigor el Plan General de Ordenación Urbana de 2010

Imagen de archivo de Enrique Ortiz a su llegada a los juzgados de Benalúa /

Este estudio fue requerido por el Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante con el objetivo de conocer la diferencia de valor catastral de las parcelas que posee el empresario Enrique Ortiz tras la aprobación prevista para 2010, con entrada en vigor en febrero de 2011, del plan general.

Un documento que pretendieron aprobar los ex alcaldes Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo -investigados en esta causa- y que posteriormente quedó anulado ante las sospechas de manipulación existentes.

El informe, elaborado por el Departamento Técnico de Gestión Urbanística, pone de manifiesto como Ortiz posee 31 parcelas en La Condomina, Fontcalent, Fondo de Piqueres, el Saladar y Lomas del Garbinet. Todas ellas cuentan con una extensión de al menos 3 millones de metros cuadrados y todas son consideradas por el plan general de 1987 como suelo no urbanizable. Su valor sería de algo menos de 8,4 millones de euros.

Les recordamos que según el juez instructor Manrique Tejada, el empresario presionó e influenció a los responsables municipales para conseguir que sus terrenos fueran recalificados y convertidos en suelo urbanizable.

Detalle de la conclusión del informe municipal sobre la revaloración de los terrenos de Enrique Ortiz en Alicante / Cadena SER

Este informe sostiene que si Ortiz hubiera conseguido esos cambios en el ordenamiento municipal sus 31 parcelas se hubieran revalorizado hasta los 50,5 millones de euros.

De esta forma, el empresario podría haber obtenido -si no se hubiera anulado dicho plan- unos beneficios superiores a los 42 millones de euros.

Les recordamos que el proceso, una vez concluida la instrucción, se encuentra pendiente de que la Audiencia Provincial resuelva los recursos presentados por los abogados de los principales investigados.

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