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Forcadell pide recusar a los miembros del Constitucional por "falta de imparcialidad"

  • La presidenta del Parlament ha hecho pública su decisión a través de Twitter
  • El pleno del Constitucional ha terminado su reunión sin tomar una decisión sobre la recusación y se volverán a reunir este jueves

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell. / ()

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha registrado una petición de recusación de los doce miembros del Tribunal Constitucional por "falta de imparcialidad" y para "garantizar" su derecho de defensa, una iniciativa que pretende paralizar todo procedimiento de "excepción" hacia ella o la cámara. Minutos antes de que se iniciara el pleno parlamentario en el que las fuerzas independentistas prevén aprobar la ley del referéndum, Forcadell ha hecho pública su decisión a través de Twitter: "Acabo de pedir la recusación de los miembros del TC. Se han convertido en una extensión más del gobierno del Estado y ha perdido toda legitimidad", ha escrito.

El Constitucional se ha reunido desde primera hora de este miércoles la recusación planteada contra el pleno por parte de Forcadell para intentar bloquear la reacción del tribunal al proceso independentista pero sobre las dos de la tarde han terminado la reunión sin tomar una decisión. Este jueves volverán a reunirse.

Recusación equivaldría a dejar inoperante a la institución, es decir, a que no pueda resolver nada frente a una inminente impugnación del Gobierno de Mariano Rajoy contra la ley del referéndum o contra la ley de transitoriedad.

Los magistrados están reunidos para estudiar y resolver inmediatamente la recusación aunque los 12 jueces tienen la opción de rechazar de plano la tramitación de este incidente, porque ya hay precedentes como cuando se tramitaba el Estatut o cuando un abogado recurso a todos los jueces.

Entonces el tribunal aseguró que, como no hay otro organismo jurídico por encima de ellos, estaban legitimados a resolver su propia recusación y además rechazaron la recusación explicando que las acciones jurídicas no podían suponer la paralización del tribunal para realizar su cometido.

La tramitación paralizaría, aunque sea horas o días, al Constitucional, ya que en cualquier caso, habría que dar audiencia al fiscal, nombrar a un instructor y resolver sobre la propuesta que haga éste.

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