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Guanyar apunta a Echávarri

En sus conclusiones de la comisión de investigación por presunto fraccionamiento de contratos en la concejalía de Comercio, recuerda que si se confirma, hay que valorar la responsabilidad política del alcalde

Foto de archivo /

Presentación de las conclusiones de la Comisión Específica del Pleno sobre las contrataciones de la concejalía de Comercio (en manos socialistas) en el mes de diciembre de 2016 y donde se pone en tela de juicio el presunto fraccionamiento de facturas.

Llama en especial la atención las presentadas por el grupo municipal de Guanyar, uno de los socios del equipo de Gobierno que señala que "no parece haberse seguido el procedimiento administrativo exigible a cualquier expediente de contratación, así como que existe una alta probabilidad de que se haya incurrido en fraccionamiento de contratos a la luz de las respuestas del interventor, aunque dicho fraccionamiento se limita al ámbito de las infracciones administrativas".

A Guanyar tampoco le parece procedente que cargos de confianza firmen los expedientes de contratación. En su última conclusión señala Guanyar que "en el caso de que finalmente se confirmara la existencia de un fraccionamiento de contratos, cabría valorar la responsabilidad política del alcalde, Gabriel Echávarri, en tanto que era concejal de Comercio en el momento de los hechos investigados, por acción u omisión".

Tirón de orejas de Guanyar a su socio de Gobierno, al Grupo Socialista que, por su parte, ha presentado sus propias conclusiones. Carlos Giménez, en representación de este grupo, expone que "en todos los contratos menores que han sido objeto de examen se ha respetado el cauce procedimental" y que cada actuación "tuvo aparejado su correspondiente expediente administrativo y factura y se fue tramitando conforme fue surgiendo la necesidad del mismo".

Reitera que no existe prueba alguna de que se haya producido lo que se denomina "fraccionamiento de contratos", por lo que no cabe atribuir vulneración de alguna norma administrativa, y añade que las facturas "fueron aprobadas por la Junta de Gobierno Local, y no por el entonces concejal de Comercio, y ello por indicación expresa del interventor al entonces Jefe de Servicio de Comercio".

Por último insiste en los fines "meramente políticos".

Por su parte, Compromís cierra la puerta a la dimensión penal en este asunto y remarca que la comisión ha avalado que la decisión tomada por la Junta de Gobierno de anular 25 facturas por un valor de casi 190.000 euros y pedir dictamen al Consell Jurídic Consultiu fue acertada. Sí subraya que debería haber existitdo un mayor control y conocimiento previo por parte de los técnicos municipales. Apunta además la necesidad de un informe sobre las funciones que puede desempeñar el personal de confianza municipal.

Oposición

El Grupo Municipal Popular y el de Ciudadanos también han presentado hoy sus conclusiones.

El portavoz del PP, Luis Barcala, afirma que las dos sesiones celebradas en el Ayuntamiento han demostrado que "ha sido acertada la decisión de denunciar las irregularidades" y concluye que la comisión "señala al alcalde y a los dos asesores como responsables del presunto fraccionamiento".

Mientras, el informe de conclusiones de Ciudadanos recoge que el alcalde, concejal de Comercio en diciembre de 2016 "consistió el troceamiento de contratos e hizo una dejación muy grave de sus funciones".

Yaneth Giraldo, portavoz, ha pedido el cese de los asesores y que Gabriel Echávarri asuma la responsabilidad política más allá de haberse quitado ya la del área.

 

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