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Residencias sin servicio sanitario

Según el sindicato médico el nuevo decreto que regula la actividad de los centros de atención a personas mayores en CyL da vía libre a sus gestores para que prescindan de personal facultativo

La polémica está servida en el sector residencial de la tercera edad tras conocer los detalles del nuevo decreto de la Junta de Cyl, con fecha 31 de Julio de este año por el que se regula el funcionamiento de este tipo de centros asistenciales en la comunidad. En concreto es “el decreto de autorización y funcionamiento de los centros de carácter social para la atención de las personas mayores de Castilla y León” . Una norma que sustituye a otra anterior declarada nula por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. El sindicato médico denuncia que los servicios sanitarios en las residencias de ancianos de la comunidad ya no serán de funcionamiento obligatorio con la entrada en vigor de este decreto.

Su presidente Fernando Gutierrez afirma que el decreto “es una auténtica barbaridad, nos quita derechos a todos, a los ancianos y a los facultativos, ya que da un cheque en blanco a las empresas que gestionan las residencias para que no contraten médicos y deriven a los enfermos a la sanidad pública”.

Gutierrez va más allá cuando afirma que “o no conocen el tipo de pacientes que viven en las residencias o desde luego creo que han hecho todo lo contrario de lo que hay que hacer, ya que estamos hablando de la atención del enfermo crónico”.

El presidente del sindicato médico no tiene duda cuando afirma que “este decreto parece hecho por los empresarios de las residencias, ya que favorece que ganen más dinero a costa de la calidad en la asistencia”.

En el mismo sentido se ha pronunciado José Luis Peña, presidente de la Federación de pensionistas de UGT “es un decreto regresivo y ya en algunas reuniones con la consejería de familia, nos dijeron que la gente mayor ya tiene su médico de la seguridad social, pero nosotros no estamos de acuerdo ya que en las residencias hay muchas patologías crónicas que deben ser atendidas allí en ese momento”.

Este nuevo decreto sustituye a otro anterior que fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), que aprobó la Junta el 4 de febrero del 2016. La sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, con sede en Valladolid, puso entonces de manifiesto su "defectuosa calidad" normativa para declararlo nulo de pleno derecho puesto que carecía de la "imprescindible" memoria económica.

El fallo argumentaba que la anulación del decreto se producía además porque determinados preceptos adolecían de indefinición frente a la pormenorizada regulación que según el Tribunal contenía el decreto anterior de 2011, que quedó derogado por el impugnado. Por ejemplo, no detallaba el personal mínimo, personal técnico o el número máximo de personas que podrán ser atendidas por cada profesional.

En la Consejería de Familia de la Junta de Castilla y León de momento guardan silencio.

 

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