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Un tercio del presupuesto del Parque Nacional de Guadarrama para indemnizar a una empresa, “tras una adjudicación irregular”

Tras el cierre de La Majada de la Pedriza, Ecologistas en Acción pide que el nuevo uso sea de investigación y no de ocio

La Pedriza es una de las zonas de mayor protección del Parque Nacional de Guadarrama /

Este mes de octubre ha cesado la actividad de La Majada de la Pedriza tras la orden de nulidad dictada por el Consejero de Medio Ambiente a la adjudicación de este centro y sus edificios– en terreno público- a la empresa ‘Educación, Naturaleza y Animación”.

La nulidad se produce tras una revisión de todo el expediente solicitado por Ecologistas en Acción tras detectar “graves irregularidades en la adjudicación”. La portavoz de la organización ecologista, María Ángeles Nieto ha explicado a SER Madrid Norte que ya a finales de 2016 los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid dictaminaron que la concesión se dictó“prescindiendo del procedimiento legalmente establecido”.

Nieto explica que el director del Parque Nacional autorizó el desarrollo de campamentos en las casas forestales de Cantocochino durante todo el pasado verano. Unos campamentos que “finalizaron un viernes 28 de julio y casualmente al lunes siguiente”, el 1 de agosto el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó una indemnización de 314.451 euros a la empresa adjudicataria – la tercera parte del presupuesto anual del Parque Nacional en la vertiente madrileña y tres veces más que el presupuesto de la vertiente segoviana.

Desde Ecologistas en Acción temen que la Comunidad de Madrid vuelva a sacar un concurso de adjudicación de La Majada de La Pedriza dirigido al uso recreativo y de ocio. Su propuesta es que, estando en una zona de máxima protección medioambiental y con otra instalación con este tipo de actividad a solo 4 kilómetros, se destine a un centro de investigación científica que realice estudios vinculados al parque.

La empresa Ednya ha emitido un amplio comunicado en el que califican la orden de de nulidad “de decisión política, que vulnera la validez de los pliegos y contratos públicos”, critica que esta decisión convierta su proyecto “en un gasto público sin retorno de valor, por la indemnización que procede reconocer”.

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