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Canarias plantea que la mala atención a los ancianos sea delito

La Consejería de Políticas Sociales impulsa un cambio en el Código Penal para que los propietarios de centros de mayores que no reúnan las condiciones idóneas puedan ir a la cárcel

La Consejería de Empleo y Política Sociales del Ejecutivo regional está impulsando una iniciativa que se pretende llevar al Congreso de los Diputados, para que se modifique el Código Penal y se considere "un delito" abrir locales o centros especializados para personas mayores "que no reúnan las condiciones idóneas o que puedan provocar un auténtico maltrato físico", según ha señalado en la SER el viceconsejero de Políticas Sociales, Francisco Candil.

Añade Candil que las resoluciones judiciales tras la denuncia a un determinado centro establece una serie de sanciones administrativas o implican el cierre del local. Y un ejemplo lo ha puesto en el centro de mayores de Güímar que continúa abierto. Reconoce el viceconsejero la "impotencia" que le causa este caso en particular ya que "físicamente no podemos ir y cerrarlo, darle una patada a la puerta o poner a sus responsables a disposición judicial de una puñetera vez". 

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