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Los abogados de los 117 acusados por blanqueo dicen que "se juzga a una etnia"

Este viernes 13 de octubre ha comenzado en la capital cacereña el juicio contra 117 personas acusadas de blanquear 13 millones de euros con la venta de droga para lo que se habrían usado incluso cuentas bancarias de menores de edad

Un momento del juicio en la Facultad de Económicas de Cáceres. /

El juicio con más acusados del país por supuesto blanqueo de capitales e integración a una organización criminal ha empezado hoy en Cáceres con la lectura de cargos a los 117 inculpados, que se han declarado inocentes y sus abogados han coincido en decir que es "un juicio contra la etnia gitana". Ha habido un dispositivo especial de seguridad y el salón de actos de la Facultad de Empresas, Finanzas y Turismo ha sido habilitado como sala de vista para albergar a los 117 acusados, 38 abogados, la representante del Ministerio Fiscal, los tres magistrados y el equipo de informática y funcionarios de la Audiencia de Cáceres.

Tras ser identificados por agentes de la Policía Nacional, hacia las 09:30 horas han ido pasando a la sala los procesados, entre ellos los dos considerados cabecillas de la supuesta trama, trama conocidos como "El Johnny" y "El pastor", para los que la Fiscalía solicita la pena de nueve años de prisión, mientras que para el resto la petición es de ocho años. Para todos se pide el pago de multas que en total alcanzan los más de 32 millones de euros y, de manera individual, para algunos de los acusados se eleva a la cifra de un millón y medio de euros.

Los acusados son todos de etnia gitana de varios clanes familiares y la mayoría viven en el barrio de San Lázaro de Plasencia (Cáceres), aunque también hay algunos de Cáceres, Navalmoral de la Mata (Cáceres) y Madrid. Antes del comienzo, los abogados defensores han coincidido en indicar a los medios de comunicación que se trata de "un juicio contra la etnia gitana" y que "se ha metido a todos en el mismo saco por llevar el mismo apellido". A todos se les acusa de blanquear al menos 13 millones de euros procedentes supuestamente de la venta de drogas a través de numerosas cuentas corrientes de las que eran titulares muchos menores de edad, con una relación familiar entre la mayoría.

El letrado Estanislao Martín, que defiende a seis de los acusados, entre ellos a un presunto cabecillas, ha asegurado que el dinero que tenían en sus cuentas "procedía de su actividad laboral y ahorros de toda la vida". "Se ha hecho una tabla rasa sólo por ser familiares o tener apellidos en común", ha indicado Martín.

Sobre "El pastor", ha dicho que pidió un crédito a su nombre de 300.000 euros para construir una Iglesia en una nave en Plasencia y que el dinero que ingresaba para pagar el préstamo procedía de las donaciones de los feligreses, aunque figure él como titular. Con respecto a "El Johnny", en prisión por un tiroteo entre clanes familiares ocurrido en el mes de agosto en Plasencia, la Fiscalía señala en el escrito de la acusación al que ha tenido acceso Efe que, a pesar de casi no tener ingresos, realizó en el Banco Popular 40 entregas de dinero a 29 personas.

Otro de los abogados, José Antonio Cartagena, ha señalado que defiende a tres matrimonios, de uno de los cuales ha dicho que tiene 80 años y que los 60.000 euros de su cuenta eran "los ahorros de toda una vida", y de los otros dos que el dinero procedía de la actividad del mercadillo, "donde siempre cobran en efectivo", y que si están en el banquillo "es por su apellido". Las cuentas investigadas tienen una media de 60.000 euros pero otras llegan a cientos de miles de euros y hay un menor de edad que es titular de ocho cuentas bancarias.

Una de las acusadas supuestamente abrió a nombre de su hijo menor una cuenta en el Banco de Santander y otra en el BBVA que tuvo un volumen de fondos de 398.000 euros, apunta el Ministerio Fiscal. El origen de la investigación está en los servicios centrales de una entidad bancaria, que alertó a la Agencia Tributaria de los movimientos continuos y de grandes cantidades de dinero que se estaban realizando en algunas sucursales de Extremadura.

Se han investigado los movimientos de cuentas de estas familias entre los años 2005 y 2014. En la primera sesión se han tratado las cuestiones previas que serán resueltas por la Sala a lo largo de la próxima semana, las declaraciones de los acusados comenzarán el 23 de octubre y se espera que el juicio se alargue durante seis meses.

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