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Modesto Crespo absuelto del primer juicio de la CAM

Tiene pendiente otro por el cobro de dietas por el que el Ministerio Público le pide cuatro años de cárcel

Modesto Crespo durante el juicio /

La Audiencia Nacional ha condenado a penas de entre 2  y 4 años de prisión para 4 exdirectivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo por delito societario continuado de falsedad contable y delito de falsedad en la información a los inversores, por realizar conductas "tendentes a distorsionar las cuentas y balances de la entidad, contribuyendo así a la vulneración del principio de imagen fiel de la CAM, en momentos de grave crisis económica y financiera que se intentó esconder o al menos maquillar".

El Tribunal absuelve a los otros 4 acusados, entre ellos al ilicitano, expresidente de la entidad Modesto Crespo,

Modesto Crespo tiene pendiente otro proceso que comenzará en mayo de 2018 y que juzgará al expresidente de la CAM junto a otros directivos, por el cobro, supuestamente indebido, de 600.000 euros que se embolsó Crespo en concepto de dietas.

Los exdirectores generales de la entidad financiera, Roberto López Abad y Maria Dolores Amorós, resultan condenados a 3 años de prisión por el delito societario continuado de falsedad contable.

Al exdirector general de Planificación y Control, Teófilo Sogorb, se le condena a cuatro años de cárcel por delito societario continuado de falsedad contable y delito de falsedad en la información a los inversores. Respecto al exdirector General de Inversiones y Riesgos, Francisco José Martínez García, la Sala le impone dos años, nueve meses y un día por el delito societario continuado de falsedad contable.

La sentencia, de 310 folios, considera probado que los 4 condenados son responsables de reflejar en los estados financieros de la entidad una situación económica de beneficios en lugar de las pérdidas que realmente estaba generando dicha entidad.

Las cifras de los estados de balance e informe de los estados financieros, según relata el tribunal en su sentencia, resultaban " irreales y espurias" y esa disparidad de cifras, añade el tribunal, "constituyó uno de los motivos relevantes para la intervención de la entidad, por los riesgos que suponía tal situación para el sistema financiero en su conjunto, aparte de la contravención del principio de seguridad jurídico-contable que ello implicaba".

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