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La educación inclusiva llega a la Asamblea

Casi 40 ayuntamientos de la Comunidad de Madrid respaldan una iniciativa popular para poner en marcha una ley que garantice una educación en igualdad

Casi dos años de trabajo para este día. Más de doscientas asociaciones educativas, AMPA´s y asociaciones de discapacitados, organizadas bajo la Plataforma por la Escolarización Inclusiva, han conseguido que 39 ayuntamientos de la región, de todos los colores, apoyen la iniciativa legislativa popular con la que pretenden mejorar la calidad de la educación pública en Madrid. Un texto que propone destinar más recursos para garantizar la inclusión en la educación y la igualdad de todos los alumnos, con independencia de su situación socio-económica.

Naciones Unidas pidió en 2015 que se asegurasen las mismas posibilidades de escolarización a todos los niños y niñas para que no sean segregados por su capacidad y su condición social. Y con ese espíritu esta iniciativa popular va a conseguir entrar en la Asamblea de la mano de estas localidades que se han adherido a la propuesta original y que pretenden que esta ley se pueda tramitar en la cámara regional. Son ayuntamientos de más de 50 mil habitantes y los hay de todos los signos políticos: Madrid, Getafe, Rivas, Fuenlabrada, Alcalá de Henares, Alcobendas, Leganés, Móstoles, y también más pequeños como Velilla de San Antonio, Navalafuente o Bustarviejo. El texto de la iniciativa ha pasado por todos los plenos y se ha aprobado por mayoría.

"En la Comunidad de Madrid no se está cumpliendo el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que garantiza a todo niño o niña debe tener una educación de calidad", ha explicado Concha Lafuente, portavoz de la Plataforma, en la Ventana de Madrid. "Todos los centros sostenidos con fondos públicos no están acogiendo al mismo tipo de alumnado, hay un patrón segregador que se repite en muchos municipios", asegura. La educación inclusiva supone, según el texto de la Plataforma, que ningún niño o niña pueda ser segregado por su capacidad o su condición socio-económica.

Los promotores de esta iniciativa esperan que una vez el texto entre en la Asamblea, pueda llegar a la Mesa y ser debatido en pleno. De momento, todo a punta a que no habrá problemas para que la ley se analice ya que cuenta con el apoyo de PSOE, Podemos y Ciudadanos.

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