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Con serenidad y firmeza

La Firma de Eduardo Nieto

“Todo pueblo tiene derecho a la autodeterminación y a decidir su propio destino” (Carta Universal de los DD.HH. firmada por el jefe del Estado español. (BOE 4/4/77). Solo consultando se conocen los deseos.

El 48% apoyó alternativas electorales secesionistas. Su gobierno autónomo se constituyó legítimamente. Tenían derecho a proponer un referéndum consultivo (art.92 de la C.E.).

Modificaron su Estatuto de autonomía, lo aprobó su parlamento, el Congreso de los diputados y en referéndum. El PP decidió recoger firmas y oponerse recurriéndolo al TC, el cual sancionó 14 artículos de dudosa constitucionalidad (los que posteriormente admitiría en el Estatuto de Autonomía de Andalucía).

Esto ha dado lugar a centrar toda la agenda política y mediática en esta cuestión, ocultando los problemas sociales más graves de paro, migración, precariedad salarial, sanitaria, educativa, de pensiones, violencia de género y la corrupción escandalosamente alarmante con que tanto Convergencia y Unió, como el PP y PSOE (andaluz) han inundado el país hasta llegar a 1375 encausados y sancionados en un año.

El riesgo de desaparición de CiU, siempre aliada de la burguesía española y de los gobiernos, tanto del PSOE (Felipe González, 1993) como del PP (Aznar 1996), ha radicalizado su postura para mantenerse en el poder. La gran crisis-estafa y la desaparición del terrorismo de ETA han hecho que ambos se hayan arropado con las respectivas banderas, usurpando símbolos de toda la población y han convertido en “duelo a garrotazos” las decisiones políticas. Unos, el Govern, violando la legislación vigente, tanto nacional como la propia y proponiendo un referéndum fallido. Otros, violando los derechos civiles y políticos con medidas represivas declaradas improcedentes por la ONU, y gratuitas, puesto que la consulta que pretendían impedir ya estaba invalidada por el TC.

Por tanto, ambos gobiernos están desautorizados por acumulación de torpezas. Por manifestarse incapaces de resolver lo que se entiende es una obligación retribuida para solventar políticamente, la fractura social provocada en ambos territorios, el uso del poder público en interés propio, electoralista y de ocultación, el abandono de sus obligaciones sociales, el espectáculo deplorable que repercute en el desarrollo económico del país.

Es exigible que otros actores procedan a resolver el eterno problema de la ordenación territorial y del Estado plurinacional, reconocido por el PSOE en el congreso de Suresnes (1974) y por el PP en el pacto del Majestic (Aznar,1996), y, abordar los grandes desequilibrios territoriales que pagamos las Comunidades Autónomas que no poseemos monedas de cambio forales o de otra naturaleza.

La solución: Regeneración de la democracia. Cumplimiento de la legislación vigente por ambas partes. Establecer fórmulas de diálogo cerrando la forma burda de secesión pretendida y la interpretación inconstitucional del 155. Léase bien.

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