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Cifuentes quiere endurecer los requisitos para abrir nuevas universidades privadas

En el proyecto de la nueva Ley de Unviersidades, introducirá nuevas exigencias ante el temor de algunos rectores ante la "proliferación de universidades privadas"

Madrid es una de las pocas Comunidades que no cuenta con su propia Ley de Universidades, y por ahora, así seguirá. Han pasado ya once meses desde que el Gobierno de Cifuentes aprobó su primer borrador de la nueva Ley de Universidades. La propia Comunidad de Madrid anunció en su momento que confiaban en llevar ese texto a la Asamblea de Madrid en el mes de abril. Pero no ha sido así. Las diferencias con los rectores han retrasado la puesta en marcha de esta nueva norma.

Al final ha habido retoques y modificaciones, cambios que han permitido al Gobierno madrileño aprobar el proyecto de la nueva Ley de Universidades. Ese proyecto ha recibido la luz verde del Consejo de Gobierno que ha aprobado ese texto “con el consenso de la Conferencia de Rectores madrileños”, un apoyo “pleno”, según ha defendido la Presidenta madrileña, Cristina Cifuentes.

Sin embargo, ese consenso no es real. Por lo pronto, Carlos Andradas, el rector de la Universidad Complutense – la más grande de las seis públicas de Madrid- ha negado ese acuerdo. “El segundo borrador tenía muchas mejoras, pero no es el proyecto de los rectores”, ha explicado este martes a la SER el propio Andradas. Entre sus principales preocupaciones está el auge de universidades privadas: “Creo que la Comunidad debe definir qué modelo de universidad privada quiere, que proliferen las universidades privadas, que pasen de 9 a 15, del mismo perfil, no sería el efecto deseado de una Ley madrileña de Espacio Superior”.

Esa proliferación de la que habla el rector de la Complutense no tendría por qué producirse, según la Comunidad de Madrid. No esperan ese escenario entre otras cosas porque quieren endurecer los requisitos para la creación de nuevas universidades privadas. Segú han explicado a la SER fuentes de la Consejería de Educación esos nuevos requisitos – tanto para las públicas, como para las privadas- serían los siguientes:

  • Se les pide al menos 2.400 créditos europeos que conduzcan al menos a 6 títulos de grado y 4 de máster – hasta ahora no se exigía un número mínimo de créditos-
  • Desde la puesta en funcionamiento pongan en marcha un programa de investigación
  • En el plazo máximo de 3 años desde su puesta en funcionamiento, tendrán que implantar un programa de doctorado

Y también se prevén varios requisitos solo para las privadas:

  • Que los integrantes de los órganos rectores de carácter académica tengan experiencia académica o profesional en docencia, investigación o transferencia de conocimiento.
  • Que lo promotores del proyecto tengan experiencia en educación superior

La Presidenta madrileña ha explicado la lógica de este criterio: “Una universidad privada no puede concebirse exclusivamente como un negocio educativo, tienen que tener un proyecto educativo, un número determinado de enseñanzas que se vayan a presar. En definitiva, se tiene que garantizar que todos los alumnos van a salir con una formación que les permita competir en igualdad de condiciones”.

El proyecto de esta nueva Ley de Universidades mantiene una de las principales novedades que recogía el primer borrador, es decir, se mantiene la idea de un sistema de financiación mixto de las Universidades madrileñas. Por un lado habrá una aportación fija, “que sería común para las seis universidades madrileñas”. Esa financiación se completaría con otra parte “variable”, que iría ligada al cumplimiento de varios objetivos, por ejemplo, “el número de publicaciones, la inserción laboral de los titulados o la adopción de buenas prácticas internacionales”.

Según el Gobierno madrileño esta es la fórmula que le han propuesto los propios rectores. Una fórmula que ya aplican otras comunidades como Cataluña, Valencia, Castilla y León o Galicia, según han explicado desde la Comunidad de Madrid.

Aún no se ha concretado qué parte se reservará a la financiación fija, pero la idea del Ejecutivo madrileño es tomar como base de referencia la financiación que recibieron en 2011 - el año en el que se produjo el máximo del presupuesto- o la que vayan a recibir en 2018. De las dos, se escogerán la más alta.

La intención del Gobierno madrileño es que esta nueva ley se ponga en marcha en el curso 2018-19, pero todo depende del trámite parlamentario. Podemos avanza una enmienda a la totalidad, y el PSOE también quiere retoques.

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