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Los usuarios de la presa de Alcolea piden unidad a las administraciones

El Gobierno Central recuerda que empezó la obra en 2012 y la Junta subraya que se impulsó desde Andalucía

La noticia de que la presa de Alcolea no estará hasta finales de 2021 ha generado reacciones encontradas por parte de la Junta de Andalucía y el Gobierno Central. Ambas administraciones financian al 50% esta infraestructura hídrica, vital para la agricultura y el regadío de la provincia. De hecho, el embalse, considerado de interés general, regará cerca de 30.000 hectáreas de cultivo y beneficiará a 1.800 agricultores del Andévalo Minero, Condado norte y Campiña.

La obra lleva más de siete meses paralizada, tras rescindirse en abril pasado el contrato a la constructora Sacyr que integraba la UTE encargada de ejecutar la infraestructura. En marzo se llevaba sólo un 20% ejecutado.

Pero el debate se ha reabierto después de que este martes la diputada socialista, Josefa González Bayo arrancara, mediante una pregunta en el Congreso, a la secretaria de Estado de Medio Ambiente, María García, que las obras "no estarán hasta 2021 y no se licitarán en un año" como estaba previsto.

La subdelegada del Gobierno, Asunción Grávalos, preguntada por esta cuestión, ha recordado que el Ejecutivo tiene "máximo interés" en que las obras se acometan cuanto antes, pero "se está ahora en el proceso administrativo y legal para adjudicar la actuación a una nueva empresa con todas las garantías". Grávalos ha remarcado que la presa de Alcolea se puso en marcha "gracias al impulso del Gobierno del PP".

El delegado de la Junta en Huelva, Francisco José Romero, ha lamentado que se tenga que esperar cuatro años más para contar con una infraestructura muy esperada para el campo onubense y ha precisado que "se trata de una iniciativa impulsada desde Andalucía y gracias en 2008 a un gobierno socialista". Con todo, pide "celeridad" al Ejecutivo central para que se acorten los plazos.

El presidente de la Junta Central de Alcolea, Juan Antonio Millán, recuerda que en este asunto debe primar "la unidad de acción y que es un proyecto consolidado que tiene convenio y dinero presupuestado y que sólo debe superar el traspiés de la rescisión de contrato de la empresa". Millán es partidario de que se saque a concurso a primero de 2018.

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