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El Tribunal Superior de Justicia asignará dos nuevas juezas al juzgado de las cláusulas suelo

La Audiencia de Cantabria acaba de excluir el impuesto de AJD de los gastos hipotecarios que debe asumir el banco

Firma de una hipoteca. /

La Audiencia Provincial de Cantabria ha resuelto el primer recurso contra una sentencia sobre gastos hipotecarios y ha determinado que el impuesto de Actos Jurídicos Documentados debe asumirlo el cliente que solicita el préstamo.

En una sentencia que ha sido conocida hoy jueves, 9 de noviembre, la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial declara nula en su totalidad la cláusula de un contrato de préstamo con garantía hipotecaria en la que se atribuía al prestatario la totalidad de los gastos derivados de la operación.

Este pronunciamiento era muy esperado porque en virtud del mismo se podrían enfocar las demandas por parte de los abogados y se orientarán tambíen  las sentencias del Juzgado específico que resuelve sobre las cláusulas suelo y las cláusulas abusivas de los contratos hipotecarios.

Jaime Anta, juez decano de Santander y responsable de este juzgado, ha explicado a la Cadena SER que desde su puesta en marcha en junio ya ha recibido 1.500 demandas y cree que el pronunciamiento de la Audiencia hará que aumente el número de casos presentados, ya que muchos letrados estaban esperando al posicionamiento de la Audiencia para iniciar sus procedimientos.

 “Esas 1.500 demandas representan prácticamente la mitad de la entrada patrimonial en los juzgados de Santander” resalta Anta, que ha anunciado que por eso el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, José Luis López del Moral, llevará a la reunión de la Sala de Gobierno del próximo 20 de noviembre la incorporación de dos nuevas juezas a este juzgado específico. “Seríamos así 4 jueces y 5 funcionarios” ha detallado Anta.

Aumenta así la plantilla ante el incremento de casos presentados que puede producirse una vez que la Audiencia de Cantabria ha excluido el impuesto de Actos Jurídicos Documentados de los gastos que tiene que pagar el banco. El recurso había sido presentado por la Caja de Ahorros de Vitoria y Alava, Kutxabank, contra una sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Torrelavega que en enero de este año declaró la nulidad parcial de la cláusula en lo que a gastos de notaría, gestoría y registro se refiere y condenó a la entidad bancaria a indemnizar a su cliente en 718 euros.

El demandante solicitaba una indemnización mayor: 4.932 euros, al considerar que también debía ser resarcido por la prima del seguro y por el pago del impuesto de Actos Jurídicos Documentados.

 Ahora, la Audiencia considera que el prestatario ha pagado el impuesto de Actos Jurídicos Documentados no en virtud de la cláusula, sino en virtud de la legislación tributaria, que se lo impone.

 

“La aplicación de las normas tributarias y de la jurisprudencia que interpreta dichas normas conduce a concluir que el impuesto abonado por el prestatario correspondía legalmente al mismo, por lo que no puede condenarse a la entidad demanda a su resarcimiento indemnizable frente a aquel”, señala la sentencia.

 En cuanto a la obligación de contratar el seguro de daños por parte del prestatario, entiende la Audiencia que “no parece que esta previsión sea desproporcionada o abusiva, por cuanto deriva de una obligación legal, habida cuenta que cualquier merma del bien incide directamente en la disminución de la garantía”.

Esta sentencia no es firme y contra la misma cabe recurso ante el Tribunal Supremo.

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