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EL ENFOQUE

Sobre la ley del Suelo

La Comisión de Medio Ambiente de la Unión Europea ha dado su aval legal a la Ley del Suelo, certificando así que tanto la norma estrella del Gobierno de Clavijo como la llamada Ley de Islas Verdes, cumplen con las directivas europeas. La Unión Europea rechazan las peticiones contra ambas leyes, actualmente en vigor, presentadas por la Plataforma Canarias por un desarrollo Sostenible, una asociación surgida durante el debate parlamentario de la ley e integrada por Nueva Canarias, Podemos y el PSOE, además de otras instancias sociales y ciudadanas. La decisión de la Unión Europea viene a sumarse al varapalo del Constitucional en el caso -ya sentenciado-, de la Ley de Islas Verdes, que el Grupo de Podemos en la Cámara canaria intentó suspender ante el alto tribunal, sin éxito, el pasado mes de mayo.

Al margen de la idea que cada cual pueda tener sobre el modelo de uso del territorio que sostienen la Ley del suelo y la de Islas Verdes, deberíamos reflexionar sobre el uso cada vez más recurrente de instancias judiciales o comunitarias para intentar obtener resultados políticos diferentes a los que se producen como consecuencia de las mayorías parlamentarias. En el fondo, el recurso sistemático a la judicialización o revisión de las leyes aprobadas en los Parlamentos y las Cortes, forma parte de una tendencia de rechazo de las instituciones parlamentarias surgida en el ‘totum revolutum’ de los últimos años. La democracia española es extraordinariamente garantista, hasta el extremo de que las decisiones legislativas se cuestionan casi de forma sistemática ante el Constitucional y las instancias comunitarias. Casi siempre, Podemos está detrás del rechazo a cuestionar la legalidad que emana de los parlamentos. Es una técnica que busca deteriorar aún más las instituciones, y lastra los mecanismos democráticos tradicionales, incorporando terceras y cuartas lecturas al proceso legislativo, cuando este ya es operativo y plenamente legal. En general, no suele servir para nada, excepto para complicar y confundir, y para que las instituciones y tribunales pierdan mucho tiempo en contestar obviedades. Habría, pues, que establecer mecanismos disuasorios para que estas denuncias preventivas de leyes aprobadas legalmente no se convirtieran en norma. Recurrir las leyes por sistema no es razonable.

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